La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín , y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria.

En un auto, que puede ser recurrido, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, indica que 'la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspección o de verificación'.

Por tanto, considera que en este caso se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero, en aplicación del articulo 305.4 del Código Penal (que establece que 'quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria').

Los portavoces de la familia Botín (Jesús Remón y Rafael Mateu de Ros), en una declaración remitida a Efe, señalan que el sobreseimiento 'confirma lo que ya dijimos cuando se admitió a trámite la querella, en junio de 2011: que la familia había realizado una regularización voluntaria y completa y que estaba y está al corriente de todas sus obligaciones fiscales'.

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse. Entre estas personas estaban doce miembros de la familia Botín, Emilio Botín y sus cinco hijos -entre ellos Ana Patricia-, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes.

Se les acusaba de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares 'trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias' vinculadas a ellos. Esta regularización les llevó a pagar en declaraciones complementarias unos 200 millones de euros.

El origen de los fondos se sitúa en una herencia familiar dejada en Suiza por el padre del financiero, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, quien huyó a ese país en 1936, tras estallar la Guerra Civil española (1936-1939) y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera. Ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas, y para evitar que los delitos correspondientes a 2005 prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín.