Los magistrados del Tribunal Constitucional han advertido hoy al PP y al PSOE de que este órgano 'adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean', en protesta por la falta de acuerdo de los dos partidos en el Congreso para renovar a los magistrados con el mandato finalizado. Así lo ha expresado el pleno del Constitucional en un acuerdo redactado en términos inusualmente duros y adoptado esta mañana por unanimidad de los once magistrados que lo componen desde el fallecimiento en 2008 de Roberto García-Calvo , cuya plaza sigue sin cubrirse por la imposibilidad de acuerdo en la Cámara Baja entre los dos grandes partidos.

El Congreso también debe renovar a otros tres magistrados -Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2010 y que 'llevan ya más de diez años y medio ejerciendo como tales porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde', dice el Constitucional. 'Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos, el pleno del Tribunal Constitucional ve necesario recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiendo de que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptará las medidas que estén en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación', añade el acuerdo.

El presidente de este órgano, Pascual Sala, ha insistido en cada una de sus comparecencias públicas desde su toma de posesión en la necesidad de renovar el Alto Tribunal. Así sucedió, por ejemplo, el pasado 23 de abril durante el acto de graduación de la primera promoción del máster en Gobernanza y Derechos Humanos celebrado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando recordó a los partidos que no renovar el tribunal 'es incumplir la Constitución'. Hoy, el pleno ha dado un paso más y ha amenazado con tomar medidas 'drásticas' si la situación se prolonga, lo que en opinión de expertos constitucionalistas consultados por Efe no puede traducirse en otra cosa que en la renuncia de los tres magistrados cuyo mandato ha caducado, repitiendo lo que ya hicieron el 13 de junio de 2011, aunque entonces Pascual Sala rechazó las dimisiones.

En esta ocasión, sin embargo, el tono del acuerdo adoptado esta mañana indica, según esos mismos expertos, que el presidente estaría dispuesto a aceptar las renuncias, lo que colocaría al Constitucional en una situación límite, con solo ocho magistrados, es decir, el quorum mínimo exigido para tomar decisiones, que la ley fija en dos tercios de sus miembros. Cualquier ausencia -por enfermedad, por ejemplo- impediría entonces la celebración de plenos en un tribunal que aún no ha resuelto el recurso que el PP interpuso en 2005 contra el matrimonio homosexual.

Nada más tomar posesión de su cargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ya expresó su voluntad de renovar el Alto Tribunal . No obstante, el consenso con el principal partido de la oposición parece difícil después de que los socialistas consideraran por roto el diálogo con el PP después de que el Ejecutivo evitara pactar el nombramiento del presidente de la corporación RTVE.