Interior se plantea empezar a cobrar por la seguridad que se presta en grandes acontecimientos deportivos y culturales. Así lo ha reconocido el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, quien ha afirmado que trabaja para que la nueva Ley de Protección y Seguridad Ciudadana pueda entrar en vigor a principios de 2013.

Con motivo de una visita a Calatayud, Fernández ha reiterado que el Gobierno trabaja en una 'reforma en profundidad' de la citada Ley, que data de 1992, y que va a tratar de que sea aprobada por las Cortes Generales antes del final de 2012 para que pueda entrar en vigor a principios del próximo año.

Uno de los nuevos aspectos que introducirá esta norma será que aquellos eventos que tienen ánimo de lucro y que exigen un gasto en seguridad sean cofinanciados por 'quienes se benefician de esa protección'.

El ministro ha advertido de que no se trata de eventos deportivos o de fútbol sino también culturales que organicen instituciones, asociaciones o personas físicas o jurídicas. Para Fernández Díaz es 'razonable' que quienes cobran 'cuantiosas retribuciones' o quienes obtienen 'importantes beneficios' como los promotores sean corresponsables en la financiación de los gastos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya ha mostrado su postura en contra de esta medida. José María Benito, portavoz del SUP, dijo que esto sería 'ilegal', porque 'quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos fuera de los estadios es la Policía'.  Benito sostuvo que es responsabilidad del Estado 'que los aficionados no tengan enfrentamientos en la calle, eso no lo pueden pagar los clubes'. 'Eso es lo que está legalmente establecido y no se puede cobrar', afirmó

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que coincide en que los clubes de fútbol deberían contribuir a pagar la seguridad de los campos porque él así lo propuso cuando era ministro del Interior. 

El ministro del Interior ha asegurado la disposición del Gobierno a 'escuchar a todo el mundo' pero ha advertido de que su opinión es la de cobrar por la seguridad de esos acontecimientos con ánimo de lucro.