Cómo ser de izquierdas y no morir en el intento. Cómo impulsar políticas nítidamente alternativas a las del Gobierno central del Partido Popular cuando no sólo se tiene menos dinero que nunca, sino que además se está obligado a reducir drásticamente el poco que se tiene. Son las preguntas que, no sin apuros, intenta contestar cada día la coalición de izquierdas que gobierna Andalucía tras las autonómicas del 25 de marzo. Responder a esas preguntas y convencer a los andaluces de que las respuestas dadas son las correctas no está siendo fácil ni para el PSOE ni para Izquierda Unida, pero es la coalición quien tiene más problemas para convencer a su gente de que está haciendo lo correcto: de que hicieron lo correcto entrando en el Gobierno y de que lo están haciendo al aplicar con el menor daño social posible medidas tan dolorosas como el recorte presupuestario de 2.700 millones de euros en las cuentas andaluzas de 2012 que ha impuesto el Gobierno central para rebajar el déficit de las autonomías al 1,5%. Para este año el presupuesto andaluz se quedará finalmente en 29.300 millones de euros.

La dirección de IULV-CA, siglas andaluzas de Izquierda Unida, respiraba casi con alivio tras conocerse qué habían votado los 12 parlamentarios de la coalición en el punto del orden del día relativo a la convalidación del controvertido decreto ley de medidas de ajuste aprobado la semana pasada por el Gobierno andaluz, cuya vicepresidencia ostenta el coordinador regional de la federación, Diego Valderas. Hubo dos votos en contra: la diputada Marina Segura y el alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo. El rechazo frontal de este último a los recortes es bien conocido, aunque lo sean menos las alternativas concretas que propone para eludir las exigencias de Madrid sin que Andalucía se vea privada del caudal presupuestario cuya llave de paso está en manos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que a su vez estaría encantado de imponer una sequía presupuestaria al contumaz territorio que el 25-M  le negó de nuevo a su partido el ansiado acceso al poder.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, defendió ayer ante la Cámara la aprobación del decreto ley, aunque sin ahorrar críticas al Gobierno central, al cual recordó que a Andalucía se le ha impuesto un volumen de recortes muy superior al que sería proporcional a su población o a su nivel de endeudamiento, situado muy por debajo de la media por habitante de las autonomías. El representante de IU, Ignacio García Rodríguez, también ha sido muy severo en sus juicios sobre la política de Mariano Rajoy, al tiempo que ha reconocido expresamente el sacrificio asumido por los trabajadores públicos. Si se recortara menos a los trabajadores públicos, ha dicho García Rodríguez, tendría que hacerse a costa del gasto social, es decir, a costa de los derechos de otros trabajadores. Dado que el decreto se tramitará como proyecto de ley, el portavoz de IU advirtió que aún se introducirían nuevos retoques en el texto. '¡A ver cuál es su alternativa!', ha retado García Rodríguez al Partido Popular. En representación del grupo socialista ha intervenido el veterano José Caballos, que no se ha ahorrado algún que otro sarcasmo: seguimos en crisis, ha dicho, 'y Zapatero sin dimitir'. Carlos Rojas ha dado voz del grupo popular, reprochando al Gobierno andaluz haber elegido 'el camino más perjudicial' para los ciudadanos y sacando de nuevo a colación el escándalo de los ERE, con el cual se habría 'dilapidado el doble de lo recortado a los funcionarios'.

En todo caso, los recortes presupuestarios se han impuesto en la agenda institucional andaluza sobre cualquier otra iniciativa del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán, si bien la presión de Izquierda Unida ha logrado amortiguar el impacto laboral de unas medidas que ya los propios socialistas se proponían implementar salvaguardando a toda costa el empleo público. Según el Gobierno andaluz, del total de los 2.700 millones recortados la rebaja salarial de 747 millones de euros que sufrirán los algo más de 260.000 empleados públicos andaluces permitirá no despedir a unos 24.000 trabajadores contratados, buena parte de ellos interinos. El recorte iba a llegar inicialmente  hasta los 777 millones de euros, pero IU logró rebajar la partida en 30 millones, cuyos beneficiarios será los empleados que ganen menos de 1.000 euros, cuyos sueldos no sufrirán recorte alguno, y los interinos, que verán reducida su jornada y su salario en un 10%, y no en el 15 previsto inicialmente en el decreto. El presidente, los consejeros y demás altos cargos sufrirán una nueva merma salarial del 7,5% este año, con lo cual ya acumulan en torno a un 20% de pérdida desde que estalló la crisis.

No sin titubeos y constreñido por las estrecheces presupuestarias, el Gobierno andaluz tantea su propio camino frente a la crisis. El compromiso de ambos partidos en la aplicación de los recortes intenta diferenciarse políticamente de otras autonomías en aspectos tan cruciales como estos: no habrá despidos en la Administración Pública; la ratio profesor/alumno por clase no aumentará; en ningún caso habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas; los pensionistas no abonarán el resto del copago superior al tope mensual de 8 o 18 euros, que será adelantado por la sanidad pública andaluza; la subida de tasas universitarias para el próximo curso se situará en los mínimos de las horquillas fijadas por el Congreso, de forma que en primera matrícula, situación en la que se encuentran el 75 por ciento de los universitarios andaluces, la subida será de 29 céntimos por crédito, pasando de 12,20 euros a 12,49 euros. Además, el Gobierno se compromete, en palabras de Diego Valderas, 'a reponer la merma salarial a todos los trabajadores afectados en 2013'. No es la Revolución de Octubre, pero muchos ciudadanos al norte de Despeñaperros estarían encantados de poder beneficiarse de políticas como estas.

Si en materia de recortes presupuestarios la Junta ha tenido que resignarse a aplicarlos si bien a regañadientes y de la manera menos lesiva posible para el empleo, en materia de sanidad y educación las autoridades andaluzas han decidido plantar batalla jurídica y política de manera abierta desde el primer momento. Si el martes 26 el Gobierno andaluz decidía la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de recortes sanitarios aprobado por Madrid, hoy mismo la titular de Educación, Mar Moreno, anunciaba que también los servicios jurídicos de su departamento preparan otro recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo. En ambos casos el argumento técnico-jurídico es el mismo: el Gobierno central está invadiendo competencias autonómicas. En ambos casos el argumento ideológico-político es también el mismo: Andalucía se opondrá con todas las armas a su alcance 'al desmantelamiento del Estado del bienestar'.

Y por si a alguien le quedaba alguna duda, hoy la aclaraba el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez: 'Desde Andalucía queremos lanzar una advertencia al conjunto del Estado en el sentido de que no vamos a respaldar ninguna iniciativa que signifique comprometer aún más las rentas disponibles de los españoles o comprometer elementos fundamentales de nuestro sistema de derechos, como se está planteando en cuestiones tan importantes como la prestación por desempleo, las pensiones o el sistema fiscal'.

El otro gran frente de diferenciación con el Partido Popular son las políticas de transparencia, cuya primera batalla se ha librado con ocasión de la creación de la comisión de investigación del escándalo de los ERE. Para el PSOE se trata de una iniciativa embarazosa, pues se negó una y otra vez a crear dicha comisión cuando la aritmética parlamentaria se lo permitía. Ahora quien decide es Izquierda Unida, y la coalición no podía incumplir su compromiso electoral de impulsar la investigación parlamentaria del que sin duda ha sido el mayor escándalo político de la historia autonómica.

Los socialistas se resistieron inicialmente a la posibilidad de que comparecieran en la comisión los principales responsables políticos de la Junta de Andalucía, tanto de esta etapa como de la anterior. Sin embargo, la presión de la opinión pública y la firme determinación de IU de hacer 'una comisión de investigación de verdad' obligaba al PSOE a recular: el presidente Griñán, su antecesor Manuel Chaves y varios consejeros de este Gobierno y de los anteriores declararán ante la comisión. IU sabe que se juega su credibilidad y está apostando fuerte, aun a sabiendas de que a sus socios de Gobierno no les entusiasma someterse a los que con toda seguridad serán implacables interrogatorios de los diputados del Partido Popular.

Diego Valderas no habría podido defender otra cosa ante los suyos. Bastantes problemas internos le está dando el respaldo de IU a los recortes salariales de los empleados públicos, hasta el punto de haberse visto obligado a enviar una carta a los militantes de la coalición explicando las razones de su posición para contrarrestar así los discursos 'tremendistas' de algunos sectores minoritarios, como el encabezado por Sánchez Gordillo.

Fuentes de IU no ocultaban a Público la irritación que produce en la dirección de IU unas posiciones encuadradas en lo que llaman 'frivolización del mal'. ¿En qué consiste tal cosa? 'Bueno, pues en cerrar los ojos, en decirse a sí mismos: ¿Que cierran hospitales? ¡Pues que cierren! ¿Que hay que despedir empleados públicos? ¡Pues se despiden! ¿Y entonces, les preguntas? Pues entonces, responden, todo eso colmará la paciencia de la gente, se rebelará contra el sistema y etc, etc'. Puesto que tales etcéteras revolucionarios no parece que estén a la vuelta de la esquina, la dirección de IU prefiere ir poco a poco. Aunque sea teniendo que tragar algún que otro sapo.

Valderas, pese a todo, sigue creyendo que vale la pena intentarlo. En su carta a los militantes recordaba qué lo mueve a estar en el Gobierno: 'Para nosotros la única razón por la que merece la pena estar en un Gobierno es para transformar el modelo productivo de Andalucía'. Y concluía así su reflexión: 'Todo lo demás, sencillamente, no sirve'. Los 24.000 trabajadores públicos que van a salvar su empleo por el modo en que se han aplicado los recortes seguro que no ven la cosa con tanto dramatismo. Salvar sus empleos sí que sirve. No es un hecho revolucionario, pero casi. Sobre todo en estos tiempos.