Belén y Gloria se casaron en San Fernando de Henares en septiembre de 2011. Un mes después, por inseminación de esta última, nacería Miguel y, otro mes más tarde, el Partido Popular lograría una nueva mayoría absoluta. Desde aquel momento, la sombra de la gaviota ha cubierto de incertidumbre muchos de los derechos conquistados por el colectivo LGTB durante los últimos años.

Los cambios en la asignatura Educación para la ciudadanía, con los que se eliminan las referencias a la diversidad en los modelos familiares y en la orientación sexual, o los recortes en las ayudas a colectivos gais y en el ámbito de la salud, como los planeados en el tratamiento de VIH, son algunos de los puntos más criticados por las asociaciones LGTB.

Pero los ataques no acaban ahí. El TC aún tiene que resolver sobre el recurso que interpuso el PP contra el matrimonio igualitario en el 2005, una auténtica espada de Damocles que crea inseguridad jurídica en las parejas que se han casado o que piensan hacerlo. Si el Alto Tribunal declarase inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, podrían quedar anuladas todas las uniones de este tipo que se han dado a lo largo de los últimos siete años. 'Belén dejaría de ser reconocida como madre de Miguel, sería algo tremendo', comenta Gloria.

Hasta 60.000 personas del mismo sexo han decidido contraer matrimonio a lo largo de estos siete años, por lo que cerca de 30.000 familias se verían gravemente perjudicadas si el Constitucional fallase a favor del recurso. Sin embargo, Gloria se muestra confiada. 'No creo que nos puedan quitar el libro de familia que nos dieron al casarnos, ya que no es sólo un derecho nuestro, sino también de nuestro hijo', defiende, aunque reconoce que 'tranquila del todo nunca se está cuando ves lo que está pasando'.

De momento, Gloria le quita hierro al problema. 'Creo que el recurso del PP al matrimonio gay se hace de cara al sector más duro del partido, sobre todo a la Iglesia', asegura, y se muestra convencida de que 'no todos sus votantes piensan así'. 'Algunos lo hacen porque están de acuerdo con sus ideas económicas pero no con sus ataques a los derechos de los homosexuales', zanja.

La presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Boti García, apunta que el PP 'parece que está sordo y ciego y no quiere atender a nuestras exigencias'. 'Estoy convencida de que el Constitucional va a fallar a nuestro favor, ya que las personas LGTB somos constitucionales. Si no, ¿qué Constitución sería ésta?', se pregunta.

García considera, además, que el PP está yendo 'demasiado lejos con los recortes a nuestro colectivo'. 'La tijera de este partido no es sólo económica, sino que también nos recorta derechos al atacar a la salud, la educación sobre igualdad o permitir las faltas de respeto al colectivo', apunta, y hace hincapié en que 'eliminar la asignatura Educación para la ciudadanía supone borrar del currículo escolar la realidad LGTB'. Las charlas sobre diversidad sexual también estarían en tela de juicio, ya que al desaparecer del programa educativo, podrían retirarse sin problemas.

Con estos hechos, asegura García, el PP está 'dando alas a los discursos más cerrados y rancios' de la derecha, un pensamiento 'muy homófobo y muy cercano a la jerarquía católica'. Es una tendencia que no tiene por qué mantenerse, ya que algunas voces dentro del partido han contradicho la postura oficial, como la del alcalde de Getafe, Juan Soler, que se confiesa abiertamente homosexual y partidario del matrimonio igualitario, o la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que se ha manifestado en la misma dirección sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Que no existe una postura monolítica con respecto al matrimonio homosexual en el seno del PP, que no incluyó ni una sóla mención al colectivo LGTB en su programa electoral, es algo que parece claro. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido en varias ocasiones que no 'aprecia' inconstitucionalidad en el matrimonio gay, algo que ha sido replicado, entre otros, por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que respondió que 'si el PP no creyera inconstitucional el matrimonio homosexual, no hubiera acudido al TC'.

Los transexuales también han sido diana del partido. 'Si alguna comunidad autónoma quiere florituras, cambios de sexo o trasplantes de cerebro, que luego no diga que no le salen las cuentas y busque como pagarlo', profirió el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. El presidente conservador de La Rioja cargó contra los hijos de homosexuales: 'un niño que se cría en la unión de una pareja del mismo sexo no tiene las mismas oportunidades ni recibe una educación exactamente igual que otro niño que se cría en familia heterosexual'.

Al calor de esta homofobia de baja intensidad, florecen algunos casos extremadamente graves, como la amenaza de un vocal de las NNGG de Salamanca al activista por los derechos del colectivo LGTB y blogguero de Público.es, Shangay Lily: 'Un día te llevarás tu merecido!! Gente como tú sobra en el mundo!', escribió Pablo Bonilla en un tuit.

Sin embargo, quien emite ataques más furibundos y continuos contra el colectivo LGTB es la Iglesia, quien, en plena época de duros recortes, no ha sufrido ninguna rebaja en su presupuesto procedente del Estado. La Iglesia nos tiene acostumbrados a verla metida en política. Un mes antes de las últimas elecciones generales, los obispos pidieron el voto para el PP. Hace dos meses, fue el obispo de Alcalá, Reig Plá, el que desató la ira del colectivo LGTB cuando afirmó que muchas personas, 'llevados por tantas ideologías', acababan por 'no orientar bien' su sexualidad, y entonces 'se corrompen, se prostituyen, o van a club de hombres nocturnos'. 'Os aseguro que encuentran el infierno', remató. Pocos días después, el PP de Alcalá rechazó una moción del Ayuntamiento para reprobar al obispo.

A) ¿Es inconstitucional el matrimonio igualitario?

En opinión del abogado Sebastián Fontana, especializado en la lucha por el reconocimiento del colectivo LGTB, el matrimonio igualitario es perfectamente constitucional. Para que se pueda declarar la inconstitucionalidad tiene que haber una interpretación que implique que no pudiera caber la posibilidad. Sin embargo, el artículo 32 de la Constitución establece que 'el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica'. 'En ningún sitio especifica que tenga que ser entre sí', explica el abogado, por lo que no se puede realizar una interpretación que excluya los matrimonios homosexuales. 'Si hubiera una prohibición expresa, entonces sí sería posible', resume, por lo que 'todos los argumentos del PP que se basan en tradición y cosas similares no tienen base jurídica, son argumentos absurdos'.

La ley que cambió el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero no modificó la figura jurídica del matrimonio, tan sólo añadió la fórmula 'independientemente del sexo de los contrayentes'

 B) ¿Qué opciones tiene el Tribunal Constitucional?

El alto tribunal tiene tres maneras posibles de resolver el recurso.

1- Declarar la inconstitucionalidad. Fontana cree que, aunque cualquier cuestión jurídica es interpretable, 'no se van a atrever', porque 'no cabe en la Constitución una interpretación tan estricta'. 'Si uno examina el recurso del PP, con argumentos de tradición, de nombre, etc., uno se da cuenta de que no tienen peso jurídico', asegura.

2- Declarar la inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo crear otra figura con una institución ad hoc, con los mismos derechos. En ese caso, el legislador podría aprobar o no los matrimonios igualitarios y, por tanto, deja la pelota en manos de los sucesivos gobiernos.

3- Declarar la constitucionalidad, lo que implicaría que lo inconstitucional sería quitarlo.

C) Pongámonos en el peor escenario: se declara inconstitucional. ¿Qué ocurriría?

'Sería el follón del siglo', asegura Fontana. Todos los matrimonios hasta ahora dejarían de ser válidos, por lo que provocaría traumas también en todo lo que fuera hacia terceros, como las adopciones. Además, todos los derechos que conlleva el matrimonio, como la legítima herencia o el reconocimiento al tutor, estarían en una situación de inseguridad jurídica.