La propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón para reformar el Consejo General del Poder Judicial ha logrado poner de acuerdo a la principal asociación de jueces, la conservadora APM, y a los progresistas de Jueces para la Democracia. La APM destaca que el plan del ministro 'debilita' al Consejo y le resta cualquier posibilidad de actuación seria y rigurosa, mientras que JpD cree que el titular de Justicia quiere subordinar el poder judicial al Ejecutivo.

Pablo Llarena, portavoz de APM, señaló que la propuesta 'no puede ser más negativa' al 'debilitar' este órgano con el objetivo de que su 'influencia política o control político judicial sea menor'.'A cualquier persona no se le escapa que el poder gobernar el Poder Judicial sin dedicación exclusiva, convierte su mandato en el CGPJ en algo meramente formal y aparente, sin ninguna capacidad de actuación rigurosa, profunda y seria'', ha destacado Llarena sobre la posibilidad de que los vocales compaginen su participación en el Consejo con el ejercicio de su carrera profesional.

Llarena ha indicado que el Gobierno justifica esta medida en el ahorro presupuestario. Sin embargo, ha advertido de que se ahorrarían apenas 300 euros por vocal al mes ya que habría que pagarles dietas durante su estancia en Madrid, donde radica la sede del Consejo. 'Conviene trasladar a la opinión pública que lo que actualmente ingresa un vocal son 1.700 euros más que lo que cobraría ejerciendo la jurisdicción en cualquier capital de España, es lo que permite mantenerles transitoriamente en Madrid', ha añadido.

En cuanto a la reducción de Comisiones, Llarena ha advertido de que se corre el riesgo de que la participación de los vocales sea desempeñada por aquellos que tengan residencia en Madrid. 'Se coloca al CGPJ en una situación preconstitucional en la medida en la que un órgano de Estado se va a gestionar por vocales de Madrid y sin ninguna participación de los vocales de otras provincias', ha planteado. Según ha dicho, la propuesta del grupo de expertos es favorable a que los 12 vocales de adscripción judicial sean elegidos por los propios magistrados. 'Pero, a renglón seguido, se nos dice que serán expulsados del campo de juego y sentados en el banquillo porque el CGPJ funcionará fundamentalmente en una Comisión Permanente de sólo 5 miembros', ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha opinado hoy que la propuesta de la comisión de expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) pretende 'subordinar el poder judicial al ejecutivo'. Bosch ha explicado que la propuesta plantea reducir las competencias, las funciones y la estructura del órgano de gobierno de los jueces, pero 'como esas funciones van a tener que seguir desarrollándose, es evidente que se asumirán por el Ministerio de Justicia y el Gobierno'.

La propuesta es 'contraria al principio de separación de poderes del Estado', según el portavoz de Jueces para la Democracia, quien ha rechazado que el Gobierno asuma una serie de funciones sobre cuestiones sensibles que atañen a la independencia del Poder Judicial. Bosch ha lamentado que estas medidas se estén analizando 'con secretismo y clandestinidad' sin que se sepa qué se va a proponer, cuando lo que hace falta en una reforma del Poder Judicial es 'luz y taquígrafos', además de buscar el consenso entre las principales fuerzas políticas y sociales del país. 

Desde el Consejo General del Poder Judicial, su portavoz, Gabriela Bravo, también ha reaccionado muy mal y ha afirmado que la propuesta de Gallardón 'permite entrever cierto desconocimiento' sobre la labor de los vocales del consejo. 'Ante el anuncio realizado hoy por el ministro de Justicia, no puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado', ha alertado Bravo en un comunicado.