La demolición definitiva del macrohotel El Algarrobico, en la costa de Almería, aguarda una última sentencia judicial y el resultado de una comisión de trabajo que reunirá a técnicos del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con los de la Junta de Andalucía. Así lo decidieron el titular del primer de dichos departamentos, Miguel Arias Cañete, y el de la consejería andaluza de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, cuando se vieron el pasado jueves en Madrid. Aunque la agenda de dicha cita oficial versaba sobre asuntos derivados del olivar y de la política hidrológica, tuvieron que dar respuesta a este espinoso asunto en espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el último de los recursos que se ha presentado contra la sentencia que obliga a tirar tan polémico enclave turístico.

'Largo me lo fian', protesta Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, cuando oye hablar de comisiones de trabajo: 'Que dejen de excusarse en la espera de sentencias, porque hasta ahora todas insisten en que El Algarrobico debe derribarse', reclama Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, que no sale de su asombro porque el ministerio no acepte ahora un protocolo firmado por el anterior ejecutivo con el gobierno andaluz, que ya establecía la secuencia y las competencias del citado derribo.

Sin embargo, El Algarrobico, el macrohotel construido en el paraje del mismo nombre en Carboneras (Almería) no está solo en el mapa de la costa de Andalucía: '¿Para qué queremos una playa maravillosa si no tiene visitantes?', cuestionaba hace unos días Antonio Ponce, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, a propósito del rechazo generalizado a la construcción de un hotel y de una urbanización residencial frente a la playa de Valdevaqueros, en Tarifa.

Los ecologistas se preguntan, en cambio, cómo se pretenden mercantilizar nuestras playas hasta tal extremo y cómo estos proyectos siguen su curso, al tiempo que parecen contar no sólo con el beneplácito institucional sino con líneas de crédito que lo hagan posible. Su perplejidad aumenta cuando miran alrededor de esas mismas mecas del turismo en donde por lo común abundan promociones vacías y eternos carteles de 'Se vende', a los que algún grafitero ingenioso suele añadir: '¿A que no?'.

El fallo del Tribunal Supremo sobre El Algarrobico sobre el recurso presentado por los promotores del mismo supondrá la guinda a un largo quinario judicial que hasta ahora se había estabulado en una sentencia de la Audiencia Nacional que aseveraba que este polémico proyecto, promovido por las empresas Azata y Azata del Sol, interesaba al menos sobre cien metros de zona de servidumbre y que, por lo tanto, una orden ministerial de deslinde dictada en 2005, en tiempos de Cristina Narbona, era conforme a derecho; por lo que resultaba ilegal la construcción de al menos la mitad del edificio de veintiuna plantas y 411 habitaciones en dicho paraje hasta entonces idílico. Al menos catorce pisos invadirían la zona de servidumbre, según determinó en el último mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

No sólo los empresarios han defendido esta iniciativa frente a los postulados ecologistas, sino que también lo ha hecho el ayuntamiento de Carboneras, que era de mayoría socialista en 2003 y que ahora lidera el Grupo Independiente de Carboneras (GICAR), insiste en la viabilidad del proyecto. La Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, se valió en aquella fecha de una chapuza legal para defender la viabilidad de este edificio de extraordinario impacto en el parque natural del Cabo de Gata-Nijar.

A mediados del pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya anuló el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 2008 del que se valió in extremis el gobierno autonómico para darle luz verde a la licencia municipal y construcción del hotel. Para ello, la Junta se valía de la existencia de núcleos urbanos preexistentes y otras zonas transformadas que en ningún caso alcanzaban semejantes proporciones. Sin embargo, fue la premisa para redactar el artículo 5 del PORN en base a que eran compatibles las nuevas edificaciones y la rehabilitación de las existentes para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo en el medio rural. Y la Junta andaluza ya ha confirmado que no interpondrá recursos de casación contra la sentencia, al tiempo que, a lo largo de los últimos años, haría incorporado medidas de protección adicional para abandonar la 'actitud pasiva' que denunciaban anteriores pronunciamientos judiciales.

La playa de El Algarrobico se encontraba situada, desde 1997, fuera de la zona de especial protección, lo que ya no ocurre. en marzo, el Tribunal Supremo había rechazado las impugnaciones del Ayuntamiento y estimó que el Ayuntamiento debió revisar en su día el Plan Parcial del sector ST-1 a fin de 'ajustarlo a la anchura de la servidumbre de protección' que estipulaba la Ley de Costas ya que este se aprobó después de que esta entrase en vigor. Los ayuntamientos y no sólo el de Carboneras insisten en abrir el hotel: así se pronunció en junio la Mancomunidad del Valle de Almanzora, integrada por veintiséis corporaciones locales. En el lugar de autos, de entre los partidos con representación autonómica o estatal, sólo Izquierda Unida se mantiene abiertamente en contra del proyecto, contra el que también se han pronunciado otras organizaciones extraparlamentarias como Equo.

El laberinto legal en torno a El Algarrobico ha incluido expedientes de expropiación del inmueble por parte del Gobierno, trámite del que se desistió después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras de septiembre de 2008, tras constatarse de 'forma clamorosa' que se trataba de un 'espacio protegido y no urbanizable'.

El siguiente paso, no obstante, será la demolición del hotel. Luis Planas, nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se ha pronunciado plenamente a favor de esta medida, a fin de proceder a la recuperación del paraje natural dañado: 'El problema no es sólo urbanístico y medioambiental en referencia al parque natural, sino también un problema muy serio de imagen de Andalucía y España de cara al resto del mundo, algo que debemos conseguir superar', afirmó el Consejero Planas días atrás, poco antes de trasladar esta cuestión al ministro Miguel Arias Cañete, su homólogo en el Gobierno central.

Hasta ahora, la posición de este último departamento le resulta 'incomprensible' a la organización ecologista Greenpeace. Y es que, días atrás, Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, restaba importancia a un protocolo firmado antes de las últimas elecciones generales entre el ministerio y la consejería, por la que el primero se comprometía al derribo del inmueble y el gobierno autonómico al desescombro y gestión de la recuperación del mismo. Ahora, Saavedra insiste en que las administraciones deben volver a sentarse y que es la Junta la que tiene las competencias para asumir todo el proceso por sí sola, salvo que decida solicitar ayuda al Gobierno central para hacer cumplir las sentencias cuando estas sean firmes: 'Ese protocolo por si solo no sirve para nada y una vez que la Junta, que es la administración competente en este caso, quiere recurrir al ministerio, estaremos encantados. Pero debemos esperar a que sean firmes las resoluciones'. Eso es lo que arguyó. Greenpeace no piensa igual, ya que desde su punto de vista ambas partes 'se comprometieron a adoptar un plan de actuación conjunto, con un acuerdo de cofinanciación y desarrollar el protocolo de recuperación de la playa de El Algarrobico a través de convenios específicos', insiste Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, convencida de que los tribunales ya se han pronunciado sobradamente a este propósito. Ante todo ello, el Gobierno debería 'actuar por imperativo legal y proceder, sin más excusas, a la demolición del hotel ilegal'.

El Algarrobico es un símbolo pero no está solo. El litoral español concentra a más de la mitad de la población española, mientras se multiplica a la enésima potencia el número de visitantes estacionales. Alrededor de 7.780 kilómetros de costa, que presenta urbanizaciones masivas en 2000 kilómetros de playas generalmente en regresión en un 90 por ciento, no sólo por la extracción de arena sino por la merma de aportes sólidos como consecuencia de la desecación de caudales. Más allá de las urbanizaciones, la expansión portuaria y determinadas obras de infraestructura suponen riesgos añadidos sobre esa peripecia según un reciente informe de Greenpeace: 'En los últimos veinte años se han destruido de media una superficie equivalente a ocho estadios al día en nuestro litoral', según sentencia dicha organización ecologista.

Sin salir del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que pasa por ser Reserva de la Biosfera y que se encuentra protegido por directivas comunitarias diferentes como Hábitat Prioritario y Exclusivo, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o Zona de Especial Protección (ZEP). Allí, ahora se cierne una nueva amenaza inmobiliaria denominada Marias de Aguamarga, que se levantará presumiblemente en Níjar si la plataforma que se opone al proyecto no logra que el Supremo lo detenga. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al contrario de lo que ocurriera en Carboneras, ha dado su placet a la construcción de 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones. La Plataforma que se opone a todo ello ha denunciado otras circunstancias sospechosas en este caso, como es que la planimetría de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar donde se recoge como urbanizable el paraje fue elaborada por el mismo estudio de arquitectura que promueve el complejo residencial y el hotel 'Marina de Aguamarga'. Casualidades, probablemente, de una localidad pequeña. Otra curiosidad denunciada por Ecologistas en Acción: la Junta habría ocultado al TSJA una sentencia del Supremo, de diciembre de 2007, por la que se revocó en firme la calificación de suelo urbanizable del sector en el que se proyecta esta macrourbanización.

La Junta andaluza, sin embargo, ha intentado frenar el inicio de las obras de otro hotel con 50 habitaciones Campillo de Gata, en Pujaire, promovido por el llamado Círculo Agroambiental. El malestar por parte de las autoridades locales ha llegado al extremo de que un juzgado de Almería ha iniciado diligencias previas contra diversos responsables de la anterior Consejería de Medio Ambiente por prevaricación al entender que algunas de las resoluciones que promulgaron en su afán de paralizar el proyecto podrían haber contravenido anteriores autos del TSJA y la concesión de licencia de obras, mediante pactos municipales que en cualquier caso habrían necesitado de la supervisión autonómica a través del POTA.

Hay otra espada de Damocles sobre dicho litoral, según denuncia el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM). Se trata de la urbanización La Fabriquilla, también en el término de Níjar, donde se persigue desde 1997 la construcción de cien viviendas y un hotel que logró ser paralizada por una activa plataforma, diez años más tarde. Ahora vuelve a hablarse de estos ladrillos pero quizá, ante la falta de inversores, quizá se trate de un ardid de los propietarios del suelo para lograr indemnizaciones por el tiempo transcurrido sin que haya podido encender las hormigoneras a pesar de que la legislación abría rendijas por donde la ambición de sus promotores podría colarse.