La tijera del Gobierno ha alcanzado también a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial y a los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, con sueldos que oscilan entre los 110.000 y los 130.000 euros brutos anuales, un 40 por ciento superiores al del presidente del Gobierno o sus ministros. El decreto de recortes que aprueba hoy el Ejecutivo da un plazo de 15 días a los presidentes del CGPJ y del TC, a partir de su publicación en el BOE, para que comuniquen la reducción aplicada a sus salarios.

La reducción, al igual que la que se aplicará el Gobierno, y que ronda el 7 por ciento, se realizará en proporción a lo que supone la paga extra de Navidad suprimida a los funcionarios, y que estos altos cargos tienen prorrateadas en 12 pagas en la mayor parte de sus remuneraciones. En el anterior recorte, llevado a cabo por Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, los vocales del Consejo se redujeron el sueldo entre un 8 y un 10 por ciento; su presidente, Carlos Dívar, un 15; y los magistrados del Constitucional, también un 15.

En 2011 y 2012, han tenido el sueldo congelado, pese lo cual sigue siendo mucho mayor que el de los miembros del Gobierno (que no llegan a 75.000 euros brutos anuales). Los 20 vocales del CGPJ tienen un sueldo anual de 112.249,60 euros brutos, mientras que su presidente --actualmente Fernando de Rosa, aunque en funciones hasta que se designe al sucesor de Dívar-- tiene un salario de 130.152,62 euros brutos al año. O sea, 13.000 al mes.

Por su parte, los 8 magistrados 'rasos' del Tribunal Constitucional tienen una retribución de 110.520,02 euros brutos al año;  su presidente, Pascual Sala, 129.271,46 euros; el vicepresidente, 121.865,78 euros; y los presidentes de sección, 116.112,90. La reducción también afectará al presidente y vicepresidente (112.578 euros cada uno) y los consejeros (96.121) del Tribunal de Cuentas.

El Gobierno ha aprovechado además para dejar muy mermada la denominada indemnización por cese que permitía a los ex ministros del Gobierno, ex secretarios de Estado y otros ex altos cargos del Estado cobrar el 80 por ciento de su sueldo durante los dos años siguientes a abandonar el cargo (siempre que hubiesen permanecido un mínimo de dos años en el mismo). Esa compensación era compatible con cualquier otro ingreso privado o público de esos ex ministros.

El Ejecutivo ha acordado mantener esta indemnización únicamente a quienes no perciban ningún otro ingreso, es decir, que pasa a ser incompatible con cualquier otro emolumento, y no como hasta la fecha. Ello afecta a la práctica totalidad de los ex ministros del último Gabinete de Rodríguez Zapatero. De ellos, Alfredo Pérez Rubalcaba, Carmen Chacón, José Blanco, Trinidad Jiménez, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Valeriano Gómez, Ramón Jáuregui y Manuel Chaves, son actualmente diputados, por lo que percibían la indemnización citada (80 por ciento de sus sueldos de ministros) más el salario de diputado. A partir de la reforma se quedan sólo con su remuneración como parlamentarios. Además, quienes sigan cobrando la indemnización, por no tener otros ingresos, la verán reducida en cerca de un 7 por ciento (cuantía proporcional a la pérdida de la paga extra navideña por los funcionarios). 

Esa indemnización ha sido cobrada por los ex ministros desde 1980, a raiz de un decreto aprobado para 'compensar' a estos infatigables servidores públicos por la eliminación de la pensión vitalicia que de la que se beneficiaban los ministros de Franco a partir de dejar el cargo. Posteriormente se fue extendiendo a otros cargos del Estado, no incluidos en el Gobierno, como los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; el del Tribunal Constitucional; o el fiscal general del Estado.

Un caso pendiente de esta indemnización es el de Carlos Dívar, quien dimitió el pasado 21 de junio como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ por el escándalo de sus viajes de fin de semana a Marbella y otras localidades cargadas a las arcas de la institución. El 26 de junio, Dívar dirigió un escrito al Pleno del Consejo para que se le reconozca esa indemnización, según confirmaron a Público.es fuentes del Consejo.

El desembolso deberá ser autorizado por el Pleno de la institución. Fuentes del Consejo indicaron que hay que examinar si la indemnización procede cuando el cese se produce por renuncia o dimisión (sí fue así en el caso del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que cobró la indemnización cerca de un año de acuerdo a su tiempo de permanencia en el puesto). Sin embargo, Dívar estaba tramitando su pensión de jubilación (ha alcanzado la edad legal de 70 años) que a partir de ahora no será compatible con el otro ingreso. Si puede elegir entre una y otra, no hay color: 9.000 euros brutos al mes por la indemnización por cese durante dos años, lo que haría un total de 208.000 euros en los 2 años de percepción, o el máximo de 2.500 euros de la pensión de jubilación en España, que sumaría unos 35.000 euros al año.