La reforma de la Ley del Aborto, que Justicia presentará antes de octubre, responde a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que aconsejó a España suprimir la distinción de plazos de interrupción del embarazo por motivos de discapacidad.

Así lo han asegurado a Efe fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, que han recordado que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España el 21 de abril de 2008, incluía esa consejo entre otras recomendaciones.

En concreto, el informe del Comité alude directamente a la reforma de Ley del Aborto de 2010, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas, plazo que se amplía hasta las 22 semanas de gestación cuando exista un 'riesgo de graves anomalías en el feto', y superando ese periodo si 'se detecta en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable'.

Respecto a esta regulación, la ONU propuso al Gobierno español la supresión de dicha distinción 'en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente'.

El Ministerio de Justicia recuerda que el plazo fijado para cumplir estas recomendaciones es el 3 de diciembre de 2015 y que con la reforma que está elaborando se equiparan los derechos de todas las 'personas' con o sin discapacidad.

Gallardón ya defendió el pasado martes en el Congreso que los discapacitados deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles y que este principio debe aplicarse 'para aquellas personas que han nacido' y para las 'personas que están en proceso de nacer'.

De esta forma se refería a la propuesta de eliminar la malformación del feto como uno de los supuestos legales para interrumpir de forma voluntaria el embarazo.