El Gobierno de Gibraltar declaró hoy a sus aguas como 'zona especial de conservación' medioambiental, en base a la directiva comunitaria de Protección de Hábitats Naturales cuya reinterpretación provoca, desde el pasado mes de marzo, incidentes entre pesqueros españoles, apoyados por la Guardia Civil, y lanchas de la Policía gibraltareña.

Se trata de un claro blindaje ecológico que impedirá en gran medida lo que en Gibraltar se denomina la sobreexplotación pesquera de su pequeño caladero. La decisión se basa en un informe técnico y en una figura denominada, a escala comunitaria, como Zona de Especial Conservación (ZEC), bajo la denominación Rock of Gibraltar, reconocida en 2006 por la Comisión Europea a Reino Unido, pero que se encuentra comprendida dentro de otra área más amplia reconocida también a España bajo el epígrafe de 'Estrecho Oriental'.

Como insólita respuesta a la posición gibraltareña, las colas se intensificaron ayer en torno a la Verja de Gibraltar. Si bien durante el verano suelen incrementarse las retenciones ante dicho paso fronterizo, las colas de los últimos meses podrían obedecer, como en ocasiones anteriores, a represalias por parte de las autoridades españolas para dificultar el acceso al Peñón, algo que no sólo perjudica a la economía local y al turismo, sino a más de 4.000 españoles que cruzan a diario esa aduana porque han encontrado trabajo al otro lado de tan largo contencioso.

El pasado viernes, el Gobierno de Gibraltar daba a conocer que había recibido un informe preliminar por parte de los expertos que contrató para analizar las pesquerías de lo que oficialmente denominan British Gibraltar Territorial Waters, cuya traducción podría ser la de Aguas Territoriales Británico-gibraltareñas, a fin de eludir la pretensión española de que el Peñón carece de aguas propias ya que no fueron oficialmente cedidas por el Tratado de Utrecht, firmado en 1713 cuando aún no existía dicho concepto legal.

El Ejecutivo de Fabian Picardo sostiene que dicho documento se basa tanto en dichos datos como en los que aportaron los pescadores y los expertos españoles que también analizaron esta cuestión, así como los clubs de pesca deportiva que hay en la Roca, donde apenas existe pesca comercial.

Estos especialistas recomiendan inicialmente que se tomen ciertas precauciones respecto a las pesquerías del Peñón, dado que existe 'falta de información completa y crítica' en la gestión de la pesca comercial en dicha área. Les preocupa especialmente el impacto sobre las crías y alevines de algunas especies en los alrededores del Peñón, lo que sugiere la posibilidad de una moratoria sobre la pesca en la zona, al tiempo que recomienda una evaluación de dicho medio marino que proporcione una base sólida para la sostenibilidad del hábitat y de la actividad pesquera.  

'Sería prudente que, hasta el momento, y en base a la legislación y el marco para la conservación del medio y la gestión pesquera, el Gobierno de Gibraltar mantenga su posición actual sobre la prohibición de la pesca comercial'.

El Gobierno Rajoy reaccionó de inmediato. El Ministerio español de Exteriores envió una nota verbal a la embajada británica, reprochando el cambio de rumbo del Ejecutivo de la Roca y hoy mismo, el conservador José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, aseguró que la estimación de los técnicos británicos no coincidía con la de los españoles. Por su parte, los expertos consultados por Gibraltar denuncian la existencia de lagunas en los datos que manejan y que se refieren a la ubicación de las capturas desembarcadas, la situación de los bancos de pesca, la biología y dinámica poblacional de las especies afectadas, la cuantificación del impacto de la pesca y los impactos ambientales en las actividades pesqueras. Así que en las próximas semanas, se procederá a analizar la información complementaria para alcanzar conclusiones al respecto.  

El Gobierno gibraltareño asegura que es consciente de 'los efectos que las disposiciones de la Ley de Protección de la Naturaleza tienen en quienes dependen de la pesca como medio de vida', pero insiste en que debe primar el 'derecho de Gibraltar a hacer cumplir la ley, promulgada hace veinte años y que ahora ha vuelto a poner en valor'.  En un comunicado público, se asegura que el ministro principal, Fabian Picardo, se comprometió, a comienzos de agosto, en una reunión mantenida con los representantes de los pescadores a que si el informe que se esperaba antes del último viernes recomendaba permitir la pesca, se les concedería permisos específicos para ello. Sin embargo, no ha sido así.  'Algunos representantes de los pescadores españoles interpretaron que eso significaba que se podría pescar a partir de esa fecha sin referencia alguna a las recomendaciones del informe preliminar'.

En una entrevista posterior, el propio Picardo corrigió dicha percepción en una entrevista periodística ofrecida aquel mismo día. Así que en base a la citada norma legislativa que data de 1991, el Gobierno no garantizará ningún permiso de pesca en dicha zona, mientras espera el informe definitivo, que al contrario que el preliminar, se hará público en su totalidad. Así que Gibraltar parece dar por cerrado este asunto aunque seguirá negociando con los expertos cómo se podrá realizar un seguimiento de la evolución de dicha medida que cerraría a la pesca los caladeros y que abrirá, presumiblemente, una nueva escalada de roces entre los pescadores, la Guardia Civil, la Policía de Gibraltar y los gobiernos del Peñón, de Madrid y de Londres.

Sin embargo, lo que entendió realmente la parte española es que hasta el próximo mes de diciembre existiría una moratoria que hiciera posible la pesca y que a partir de enero se abriría una segunda fase con la paralización de la actividad pesquera hasta que se ofreciera una alternativa viable para conciliar la pesca tradicional con la preservación de los caladeros.

No obstante, Pedro Maza, presidente de la Asociación Andaluza de Asociaciones de Pesca, insiste en esta versión y, en declaraciones a Público, asegura hoy que no ha tenido noticias directas del Gobierno de Gibraltar, aunque se mantiene en contacto directo con el de España. 'Nosotros no renunciamos a pescar donde toda la vida hemos pescado. Es muy complicado hacerlo, lo sabemos. No se puede faenar bien con la Guardia Civil allí de escolta y con la Policía gibraltareña en los alrededores. Cualquier día puede ocurrir un roce importante'.

Hasta seis lanchas de la policía gibraltareña merodearon esta madrugada al Divina Providencia, el Alejandra y el Mari Trini, tres embarcaciones del puerto chico de La Atunara, en La Línea de la Concepción (Cádiz), protegidas a su vez por la Guardia Civil. Los agentes gibraltareños se limitaron a informarles de que el Gobierno mantenía la prohibición de faenar, pero sin llegar a hostigarles.

A juicio de Maza, las aguas gibraltareñas no son fundamentales para la flota de la zona, pero si complementarias: 'Son barcos artesanales en su mayoría y tienen que faenar en caladeros próximos. Ahora es buena época para las traíñas porque se pesca el jurel', añadió Maza, quien desconoce qué podrá ocurrir a partir de hoy.

Quizá incluso se le podría volver el tiro por la culata al Gobierno de Gibraltar, de creer a Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar, una organización conservacionista que forma parte de Ecologistas en Acción y que hoy mismo recordaba que si Fabian Picardo quisiera ser coherente con su política medioambiental, tendría que aplicar a su propio equipo esa misma normativa, a fin de acabar con los rellenos sobre el mar y con el bunkering, o gasolineras flotantes, en esa misma Zona de Especial Conservación (ZEC). A juicio de Muñoz, al menos, los pescadores 'han vivido durante muchos años de una manera sostenible en la zona de la Atunara y toda la Bahía de Algeciras'.