La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, provocó ayer indignación en el movimiento 15-M cuando afirmó que la acción simbólica de 'Ocupa el Congreso' supone un 'golpe de estado encubierto'.

Además, Cifuentes coló una aseveración que ha encendido aún más la polémica, al detallar que la Delegación de Gobierno tiene localizado un grupo de 'entre 800 y mil y pico personas que están en todo y son los que provocan los incidentes'.

Hoy, las redes sociales han propagado decenas de mensajes de indignación agrupados en el hashtag #LaListaDeCifu. Desde Acampada Sol han recordado que 'los archivos de activistas son ilegales' y que 'todo el mundo tiene derecho a consultar su ficha policial'.

Eduardo, abogado de la Comisión Legal del 15-M, explica a Público que no tienen constancia de que existan dichas listas, aunque 'intuyen' su existencia, por lo que Cifuentes 'tendrá que explicar sus palabras'.

Desde Delegación aclaran que no se puede hablar de listas 'en ningún caso'

'Puede haber gente fichada con antecedentes policiales, pero no se pueden crear listas por motivos ideológicos, son ilegales', enfatiza, y añade que la policía suele 'escudarse en la seguridad ciudadana para hacer estas cosas'.

Sin embargo, fuentes de Delegación del Gobierno aseguran que no se puede hablar de listas. 'Fue una manera de hablar, ya que éstas no existen y en ningún caso se tiene a dichas personas identificadas', aclaran. 

'Es cierto que la policía tiene localizado a un grupo que sabe que es siempre el mismo, porque acude a todas las manifestaciones, pero no quiere decir que se les tenga registrados con nombres y apellidos, ni tan si quiera identificados', explican dichas fuentes.

El portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, ha registrado una pregunta parlamentaria para para que el Gobierno explique si tiene previsto iniciar una investigación sobre la elaboración de estas supuestas listas, en un comunicado recogido por la agencia EuropaPress.

'Si los ciudadanos a los que se hace referencia hubieran cometido alguna actividad ilícita, la obligación de cualquier cargo público o institución es ponerlo en conocimiento inmediato de la Justicia', escribe Sixto, en lugar de elaborar listas.

'Lo que más preocupa es que no se trata de un hecho aislado', alerta Sixto

Las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid 'son absolutamente inaceptables en democracia', algo propio de 'Estados totalitarios', en palabras de Sixto, y añade que 'lo más preocupante' es que no no se trata 'de un hecho aislado'.

'Hace unos meses se filtró la existencia de informes policiales sobre asociaciones de estudiantes, organizaciones sociales y partidos políticos que están archivados en el Ministerio de Interior y cuya actividad se ajusta plenamente a la legalidad', explica.