El Congreso se tienta la ropa antes de dar el OK. Prefiere estar seguro antes de conceder la pensión indemnizatoria a dos expresidentes del Tribunal de Cuentas.

Eso es lo que ha decidido esta mañana la Mesa de la Cámara baja en su primera reunión ordinaria a la vuelta del verano. Tenía sobre la mesa los escritos de los dos últimos máximos representantes del Tribunal, Manuel Núñez (2007-2012) y Ubaldo Nieto (1997-2007), en los que reclamaban el cobro de la pensión indemnizatoria por su cese, que asciende a 180.000 euros cada una. Pero antes de decidir si concedérsela a ambos o no, ha consensuado requerir a los letrados del Congreso un informe, para examinar si cumplen todos los requisitos legales.

'Dada la sensibilidad social que hay con este tema, es mejor que todo esté avalado jurídicamente, y por eso hemos preferido disponer de ese escrito. No ha habido ninguna polémica y todos hemos estado de acuerdo en que era la mejor solución', han explicado a Público fuentes del órgano de gobierno de la Cámara. El informe de la Secretaría General estará listo, esperan, en una semana, de forma que será el próximo martes cuando previsiblemente se adopte la decisión definitiva. 

Los miembros de la Mesa consultados por este diario han insistido, no obstante, en que su función es 'calificar', es decir, comprobar que la petición de Núñez y Nieto –ambos propuestos por el PP– 'se ajusta a derecho', si las condiciones que impone la ley se cumplen o no, 'y no juzgar si es justa o no'. Además, las circunstancias de ambos son distintas, ya que Nieto continuó siendo consejero del Tribunal de Cuentas después de dejar la presidencia, y Núñez se jubila ahora después de haber cedido la jefatura de la institución fiscalizadora a Ramón Álvarez de Miranda –nombrado igualmente por el PP el pasado junio–. En cualquier caso, aunque quien determinará la pertinencia o no de concederles la indemnización es el Congreso, quien librará el pago será el Tribunal, con cargo a sus propios presupuestos.

La Mesa también ha solicitado que los letrados se pronuncien sobre otros dos escritos, según han relatado fuentes parlamentarias a este periódico. Uno, la petición de pensión indemnizatoria que ha registrado María Luisa Cava de Llano, la que fuera primera portavoz adjunta del último Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y que ejerció como titular de la institución tras el vencimiento del mandato de este (en 2010) y hasta su relevo por Soledad Becerril. Y dos, la renuncia al cobro de esa pensión del segundo portavoz adjunto de Múgica, Manuel Aguilar, pues ha vuelto a su antiguo trabajo. Cava de Llano fue nominada a propuesta del PP y Aguilar, por el PSOE.

El caso de los dos expresidentes de la institución fiscalizadora coincide en el tiempo con la polémica de la indemnización de 208.243 euros del ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Carlos Dívar. Ayer mismo renunció a ella, después de haberla reclamado tras presentar su dimisión, el pasado 21 de junio.