El nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial lanzó hoy una advertencia a las tentaciones de aplicar soluciones a la crisis económica por encima de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Gonzalo Moliner destacó que esas medidas 'no pueden pretender soslayar la vigencia y eficacia de esos derechos cuya defensa constituye cuestión prioritaria'.

El máximo responsable del Poder Judicial hizo estas manifestaciones en el discurso del acto anual de apertura de tribunales, ante el Rey, el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y otras autoridades, en una sesión celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. No asistió su antecesor, Carlos Dívar, que dimitió el pasado mes de junio por el caso de sus viajes de fin de semana a Marbella con cargo a las arcas públicas. 

Moliner, presidente de la Sala Social del Supremo hasta julio pasado, insistió en que los derechos humanos exigen una posición activa del Estado 'para su efectiva realización', sin que puedan ser obviados durante la actual crisis económica.

'La importancia de la crisis y la búsqueda de remedios exige un esfuerzo de todos y en todos los cambios económicos y sociales, en la defensa y respeto de los derechos individuales inherentes a la dignidad de la persona y de los valores y principios que de ella dimanan', proclamó el presidente del Supremo. Añadió que es un reto de todos los poderes públicos, pero que es al judicial al que incumbe la tarea específica de superarlo.

En su intervención, que giró en torno a la historia del poder judicial desde la Constitución de Cádiz de 1812, Moliner dijo que la actual crisis lleva a desconfiar de muchas de las instituciones del Estado, marco en el que el Supremo y el CGPJ espera hacerse acreedor de confianza  'como última garantía de los derechos de los ciudadanos'.

También quiso enviar un mensaje de aliento a todos los jueces y magistrados en un momento de austeridad donde, 'a la reducción de sus retribuciones se une el aumento generalizado de su trabajo'.  En ese sentido, y respetando las exigencias de solidaridad con el resto de la sociedad en estos delicados momentos, Moliner se mostró confiado en que el Gobierno y el resto de partidos consensuarán un estatuto judicial y criterios de política de Estado en defensa del interés general.

El Rey cerró la sesión con las escuetas y tradicionales palabras: 'Queda abierto el año judicial 2012-2013'. Un reducido número de funcionarios judiciales realizó desde una calle próxima al Supremo una pitada de protesta contra los recortes, que se oyó en el Salón de Plenos en diferentes fases del acto.