No podía ser de otro modo. Los diputados y senadores se congelan su sueldo por quinto año consecutivo. Así, cobrarán en 2013 lo mismo que este 2012. O sea, 2.813 euros brutos al mes (por 14 mensualidades)  más 1.823 euros de indemnización para los parlamentarios de fuera de Madrid o bien 870 euros para los electos por la capital. Al salario se suman otros complementos. 

Las respectivas Mesas de Congreso y Senado rubricaron esta mañana la decisión porque les tocaba aprobar sus presupuestos para 2013. Pocos días antes de la presentación de las cuentas del Estado, como sucede cada año. En el caso de la Cámara baja, el monto total de sus cuentas para el año próximo asciende a 84.146.207,94 euros, lo que supone una merma del 3,22% respecto al aprobado para 2012, que ya sufrió un tijeretazo del 5,2%. Para la Cámara alta, la cuantía global será de 51.900.640 euros, una disminución del 2,47% si se compara con el ejercicio anterior. Ambas Cámaras incidieron, en sendas notas de prensa, en el ejemplo de austeridad y contención seguido en los últimos años. Así, desde 2009 el Congreso ha reducido su gasto un 17,99%, frente al 14,85% de recorte en el Senado. 

Pero sin duda la partida más vistosa es la que corresponde a las retribuciones de los parlamentarios. Además de la congelación por quinto año consecutivo, hay que sumar el recorte de sus salarios introducido en 2010 que llegó como consecuencia del primer tijeretazo de José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, se suspendió al 100% las aportaciones al plan de pensiones a diputados, senadores y funcionarios, una póliza que suscribían con el BBVA. Lo que no está previsto para 2013 es que sus señorías se supriman, como este año, la paga extra de Navidad, un recorte parangonable al golpe que sufrirán los empleados públicos y que Mariano Rajoy anunció el pasado julio. 

Desde 2009, los gastos del Congreso han menguado un 17,99%, y los del Senado, un 14,85%

Es difícil ofrecer una cifra exacta del sueldo común de los parlamentarios, porque depende de los complementos que perciban. Por ejemplo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, recibe sus 2.813,87 euros al mes de asignación constitucional y sus 1.823,86 euros de indemnización por ser electo por Soria. Pero hay que agregarle en su nómina el complemento como miembro de la Mesa (3.064,57 euros), los gastos de representación (3.327,89 euros) y los gastos de libre disposición (2.728,57 euros). Las cuantías de los complementos oscilan en función del cargo: vicepresidente o secretario de la Mesa, presidente, vicepresidente o secretario de comisión, portavoz y portavoz adjunto, portavoz y portavoz adjunto de comisión...

Las Cámaras además cubren los gastos de transporte en avión, tren, automóvil o barco y facilita a diputados y senadores una tarjeta para desplazarse en taxi con 3.000 euros al año de crédito. En cuanto a dietas, los parlamentarios perciben 150 euros al día si están de misión oficial en el extranjero y 120 euros si los viajes se producen dentro de España. Congreso y Senado dan igualmente a sus señorías móviles, tabletas electrónicas y un despacho con ordenador. 

Las Mesas acuerdan también congelar el sueldo de sus funcionarios

El Congreso resumió esta mañana, en una nota, las principales cifras de sus cuentas del próximo año. El capítulo de personal se reduce, respecto a 2012, un 0,21% (de 35.454.916,35 euros a 35.379.892,03 euros. En gastos corrientes y servicios (capítulo II), se baja el presupuesto un 4,86%, por la reducción de las partidas destinadas a atenciones protocolarias (-39,79%) y por el apartado de indemnizacionesa exdiputados (-16,61%). También se contrae el gasto en telefonía fija y móvil (un 28,57%). El epígrafe de transferencias corrientes (capítulo IV) no sufre apenas cambios (crece un 0,09%), ni experimentan ningún tipo de cambios las subvenciones que la Cámara da a los grupos parlamentarios. Sí mengua bastante el capítulo VI (inversiones reales), un 26,92%. Se debe a la rebaja del 45% de la reposición de la red wifi y por la terminación de proyectos 'previamente planificados'.

Hoy se reunían las Mesas de cada Cámara por separado, pero este lunes los órganos de gobierno de Congreso y Senado compartieron cita en las instalaciones de la carrera de San Jerónimo. Ayer se acordó congelar el sueldo de los funcionarios, que desde 2010 sufre una caída del 15,59%. En concreto, informa Europa Press, las cuentas de las Cortes contemplan una partida de 50,9 millones para pagar los salarios de los empleados públicos que trabajan en una u otra Cámara, cuantía que se encoge un 1,09% respecto a 2012. Es el tercer año de congelación salarial para ellos. 

Las Mesas conjuntas también acordaron el presupuesto de dos instituciones que dependen del Parlamento: el Defensor del Pueblo (14,02 millones, un 3,25% menos que este año) y la Junta Electoral Central (441.088 euros, un 13,65% menos que en este ejercicio, ya que no está prevista ninguna convocatoria electoral). 

La Mesa del Congreso también tuvo conocimiento en su reunión de hoy martes que sólo tres exparlamentarios continuarán percibiendo la indemnización por cese: Álvaro Cuesta (PSOE), Alejandro Ballestero (PP) y Francisco Murcia (PP).

El pasado junio, en cambio eran 41 los beneficiarios de la prestación. ¿Qué pasó? En julio, el Gobierno de Rajoy, en su real decreto ley 20/2012, hacía incompatible el cobro de cualquier pensión indemnizatoria, prestación compensatoria o cualquier otra percepción económica con cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas. Exdiputados y exsenadores debían, pues, elegir. Pues bien, según informó la Cámara baja, seis exdiputados optaron por continuar recibiendo su indemnización –aunque tres ya han cobrado todas las mensualidades que les correspondían–. Otros veinte renunciaron expresamente y otros 15 no contestaron en el plazo dado para manifestar su voluntad, que terminó el 4 de septiembre. En este último caso, su no aclaración significaba la renuncia de la prestación. 

¿En qué consiste esta cesantía? Es el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (2.813 euros) por cada año de mandato en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un máximo de 24 mensualidades. Cuesta, según el escrito del 29 de junio, tenía 18 meses pendientes de cobro; Ballestero, sólo 8, y Murcia, 10.