El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de cuatro detenidos en la Operación Emperador, mientras que a otros trece ha impuesto fianzas que oscilan entre los 25.000 y los 50.000 euros para que puedan eludir la cárcel, han informado fuentes jurídicas.

Así lo ha acordado el magistrado a lo largo de la pasada noche, en la que ha tomado declaración, durante alrededor de diez horas y de manera ininterrumpida, a diecinueve del total de 83 detenidos en la operación.

Las cuatro personas para las que el juez ha decretado su ingreso en prisión incondicional son una mujer de origen israelí y nacionalizada española, supuestamente implicada en la red de evasión fiscal de la trama china de blanqueo de capitales, y tres ciudadanos chinos.

Para el resto, la mayoría españoles, entre ellos un abogado que presuntamente participó en labores de asesoría fiscal a los miembros de la trama, ha impuesto fianzas de entre 25.000 y 50.000 euros para que puedan eludir su ingreso en la cárcel. Andreu también ha enviado a prisión a una persona, hermano de uno de los arrestados, que se ha presentado voluntariamente sin haber sido detenido antes por la Policía, según fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a dos ciudadanos españoles, a uno de ellos por motivos de salud y al que ha impuesto comparecencias periódicas. Además de los diecinueve arrestados citados, también ha pasado a disposición judicial otra ciudadana china detenida, pero que no ha podido prestar declaración ante Andreu al sufrir un ataque de ansiedad, que ha requerido de su traslado a un centro hospitalario.

Entre los detenidos también se encontrban un inspector de Policía y un sargento de la Guardia Civil. Ambos quedaron en libertad ayer en sede policial, es decir sin tener que pasar por la Audiencia Nacional, y van a ser citados como imputados ante el juez la próxima semana. 

Durante los interrogatorios, a algunos de los implicados se les ha mostrado varias intervenciones telefónicas y correos electrónicos relacionados con la red mafiosa, aunque han asegurado que no los recordaban por tratarse en algunos casos de conversaciones mantenidas en el año 2009.

En la planta baja del nuevo edificio de la Audiencia Nacional, trasladada recientemente desde la calle Génova a la de Prim de Madid, se encuentran los abogados que asisten a esta primera veintena de personas, la mayoría de confianza. A los arrestados puestos a disposición del juez se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.