La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado por un delito electoral por la compra de votos al alcalde de Fortuna (Murcia), Matías Carrillo, del PP, aunque le absuelve del delito de prevaricación por el que la Audiencia Provincial lo condenó en sentencia del 11 de julio de 2011 a una inhabilitación de siete años para empleo o cargo público.

El Supremo le impone ahora por un delito electoral una pena de inhabilitación para cargo público durante cinco años, así como la privación de libertad durante 24 días y una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros).

En una sentencia con fecha de 25 de septiembre de 2012, la Sala Segunda de lo Penal del TS estima en parte el recurso que presentó el alcalde contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que consideraba probado que el regidor y la coacusada, la ex edil María Dolores Sánchez, junto con algunos militantes del PP, 'pusieron en práctica un plan preconcebido con el fin de obtener votos para la candidatura del PP para el Ayuntamiento de Fortuna'.

Dicho plan consistía en usar éstos sus propias competencias como alcalde y concejal de Empleo y 'ofrecer a interesados en obtener un empleo en el Consistorio de la localidad la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo eventual o determinadas prestaciones, consistentes en ayudas en comida u otras'.

A cambio de ello, las personas que querían trabajar en el Ayuntamiento y familiares de éstos 'les entregaban la documentación completa y necesaria que emiten las autoridades electorales para conseguir, así, votar finalmente por correo, en lugar de los ciudadanos titulares del voto, a favor de la candidatura del PP de Fortuna, accediendo algunos vecinos a las pretensiones de sendos acusados'.  

El Supremo ratifica así la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Murcia referente al delito electoral, pero absolviéndolo del de prevaricación. En el caso de la ex edil, confirma el delito electoral, por el que se le impone la pena de cinco años de inhabilitación especial; además de 24 días de privación de libertad y la misma multa que al regidor.

Considera probado que el regidor y la ex edil habían acordado llevar a cabo los actos de requerimiento ilícitos a electores. Es decir, un plan consistente en realizar la oferta de empleo o prestaciones como ayudas en comida a personas que le entregaran a cambio de la documentación necesaria para suplantarlas al emitir el voto por correo a favor de la candidatura del PP en las elecciones locales del año 2003.

Da por acreditado que el alcalde encabezada la lista para la que se pedía el voto y que la ex concejal formaba parte de esa lista, que no se hizo convocatoria pública alguna para la contratación y que ésta tuvo lugar en las fechas previas a las elecciones.  

En la primera sesión del juicio, el alcalde de Fortuna aseguró con rotundidad que 'nunca jamás y en ningún momento' pidió el voto por correo 'a cambio de nada', ni fue 'casa por casa' para conseguirlo ofreciendo a cambio a personas interesadas obtener un empleo en el Consistorio con la posibilidad de un contrato de trabajo eventual.