La polvareda que ha levantado Artur Mas con su pulso soberanista desde la histórica manifestación en Barcelona el pasado 11 de septiembre durante la celebración de la Diada, ha borrado de un plumazo la realidad de sus dos años y medio al frente de la Generalitat. El líder de CiU ha desmontado el Estado del Bienestar en Catalunya con tres planes de recortes salvajes que han afectado sobre todo a la educación y la sanidad públicas.

Quizá uno de los momentos más simbólicos tuvo lugar en octubre de 2011, cuando el mítico hospital Vall d'Hebron, echó el cierre durante un día para cumplir con los planes de austeridad ideados por el president y su conseller de Economía, Andreu Mas-Collel. A ello le siguieron cierres de otras instalaciones hospitalarias, ambulatorios y urgencias, colegios públicos, universidades, la introducción del copago, la reducción del funcionariado y el recorte en sus salarios. Sin embargo, hoy el discurso mediático e institucional en Catalunya y el resto de España sólo gira en torno a una palabra: independencia. Una baza populista nacida del tira y afloja con Mariano Rajoy por el pacto fiscal, pero que le puede valer a Mas la reelección.

La política de recortes de Mas, apoyada por el Partido Popular en el Parlament, toma cuerpo con sus primeros Presupuestos en el verano de 2011. La Generalitat anunció una reducción del gasto en un 10%, lo que en la práctica se tradujo en un tijeretazo de 2.680 millones de euros con respecto a 2010. Las políticas sociales fueron las más afectadas, con un presupuesto recortado en un 10%. Por su parte, la inversión en educación bajó un 7,4% y en la sanidad pública un 6,5%.

El Govern se puso como objetivo atajar el 4,2% de déficit público aunque cuando presentó esas cuentas ya sabía que no alcanzaría de ningún modo el 1,4% que se le exigía desde Madrid. Así que la Generalitat decidió que era el momento de seguir metiendo la tijera a la sanidad y las estimaciones hablaban de que los hospitales perderían 2.000 camas y que hasta 7.500 empleados podrían terminar en la calle. Los efectos colaterales del sobregasto del tripartito en Sanidad propiciaron que, en su afán austero, Mas obligara a cerrar algunos servicios de urgencias y ambulatorios o a introducir el pago de un euro por receta. Asimismo, se bloqueó la construcción de siete nuevos hospitales y 40 centros de salud. Por el camino se perdieron subsidios como la ayuda a las familias con niños de hasta tres años y las listas de espera se multiplicaron hasta el 42% en 2012.

La apisonadora de los recortes de Mas no se quedó ahí. En junio, la agencia de rating Moody's dijo que el Gobierno de Catalunya era un lastre para el objetivo de déficit de España y la Generalitat reaccionó promoviendo una serie de privatizaciones por un valor de 1.850 millones de euros.

A medida que el Govern iba aplastando los derechos sociales, aumentaban las protestas en la calle pero las perspectivas económicas catalanas no mejoraban. El president seguía culpando de los problemas actuales al tripartito y vio en la reducción del número de funcionarios y la rebaja de sus sueldos una gran oportunidad para rascar otros mil millones de euros. Al mismo tiempo subió los impuestos del agua y la gasolina.

En marzo ya de 2012, el Govern volvió a por los trabajadores del sector público reduciendo la jornada laboral y el sueldo de 6.800 interinos un 15% , y el del resto de empleados de la Admisnitración, un 5% durante los dos próximos años. Dos meses después Mas reconoció que despediría a 1.400 de ellos antes de fin de año, planes que formaban parte del enésimo ajuste, que fue presentado en julio al Parlament y que tenía un valor de 1.500 millones de euros.

Ante los diputados catalanes, Mas volvió a justificar el nuevo tijeretazo por la situación financiera que había 'heredado' del Ejecutivo anterior y a la subida de los intereses de la deuda. El Govern había dejado de pagar a las farmacias por falta de liquidez. Al verse acorralado, el president volvió a reclamar algo que ya había pedido en su discurso de investidura: 'Un pacto fiscal similar al concierto económico vasco'. Fue el primer mensaje a Rajoy de que no iba a poner en peligro su liderazgo al frente de la Generalitat. Finalmente, el verano terminó con Catalunya pidiendo un rescate de 5.000 millones al Estado central.

Con los recortes bajo el brazo y la tensión social en aumento, Mas se reunió con Rajoy el 20 de septiembre en La Moncloa, una semana después de la manifestación de La Diada, de la que dijo que 'había tomado buena nota'. El encuentro se había pactado desde hacía tiempo y el asunto a tratar era, exclusivamente, la obtención de un pacto fiscal para Catalunya que permitiera a la Generalitat gestionar sus propios impuestos, recaudarlos y ceder al Estado la mitad. 

Rajoy, también con el agua al cuello por los niveles que estaba alcanzando la prima de riesgo, no podía ceder en esto después de haber incumplido todos y cada uno de los puntos de su programa electoral. En la rueda de prensa posterior a la reunión, y con el rumor de las elecciones anticipadas en el ambiente, Mas habló más claramente de la posibilidad de emprender nuevas vías, aunque insistió en que 'la ruptura con España no se incluía entre esas posibilidades'.

A partir de este momento Mas orienta su discurso hacia el 'derecho a decidir' y el 25 de septiembre, día en que convocó las elecciones anticipadas, se autoerigió como el president que llevaría a Catalunya a una nueva definición. 'Pero encarar un proceso de autodeterminación requiere que el president tenga una fuerza especial [...] El Parlament ha votado en numerosas ocasiones sobre el derecho a decidir y ahora toca ejercerlo', dijo ante los diputados.

El intercambio de golpes con el Gobierno de Rajoy va en aumento. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le avisa que si convoca un referéndum, la consulta sería ilegal y que él estaría cometiendo un delito y vaticinó que España tendría que salir del euro si Catalunya se independizaba. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, también contribuyó a extender la cortina de humo con su famosa misión para 'españolizar a los niños catalanes' . Uno por uno, los miembros del Ejecutivo fueron mordiendo el anzuelo, mientras Mas ya había conseguido su propósito: que el debate electoral se centrara en la autodeterminación y el sentimiento de los catalanes como nación, para que el efecto social de sus recortes no contara en las urnas. En realidad, que Catalunya se convierta en una emergencia nacional, es el escenario ideal tanto para La Moncloa como para la Generalitat.

Mientras, la oposición a Mas, especialmente desde la izquierda de ICV y PSC, está tratando de reconducir el debate hacia la realidad económica. ICV ya ha lanzado algunas de sus propuestas, que pasan por un gran pacto con los agentes sociales para superar la política de recortes, y cree necesario que las elecciones sean un 'referéndum' también sobre los tijeretazos de Mas.

Los socialistas catalanes, por su parte, presentarán en las próximas semanas un nuevo modelo social que vaya más allá del simple 'no a los recortes'. Opciones más rupturistas, como la CUP independentista, que por primera vez se presenta a las elecciones al Parlament, ha mantenido en la calle diversas campañas contra los recortes en sanidad y educación, que ahora pretenden llevar al hemiciclo.

Cuanto más se alargue la discusión, más ganará Mas, que junto con el conseller Mas-Collel ya ha avisado de que los recortes no han terminado. En la última Conferencia de Presidentes autonómicos el president criticó el reparto de déficit pactado (un 3,8% para el estado y un 0,7% para las comunidades autónomas) y aseguró que obligaría de nuevo a 'actuar sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales'. Eso sí, el líder de CiU no debería confiarse viendo cómo fue recibido Mas-Collel el pasado jueves por los estudiantes de la Pompeu Fabra.