Al menos Euskadi y Catalunya pedirán la retirada del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que los consejeros autonómicos debaten esta tarde en la sede del Ministerio de Educación en Madrid.

A su llegada a la Conferencia Sectorial de Educación, la consejera vasca, Isabel Celaá, ha declarado a los medios que se trata de 'un proyecto centralista que vulnera competencias curriculares' y la ha considerado una 'provocación' del Gobierno central ya que 'se reserva todas las competencias de criterios evaluativos y de contenidos, como demuestra la imposición de la reválida'.

'Nos retrocede a épocas preconstitucionales. Es una propuesta con medidas contradictorias con respecto a los fines que la ley define', ha manifestado.

Fuentes de la consejería de Educación de Catalunya también han confirmado que pedirán su retirada ya que consideran que 'incumple principios constitucionales'.

Además, desde la consejería catalana se han mostrado muy críticos con las intenciones del ministro, José Ignacio Wert, de 'españolizar' a los estudiantes catalanes, tal y como declaró que era su objetivo hace varias semanas. 'Los informes del ministerio demuestran que no hay ningún tipo de conflicto en este sentido porque los alumnos de Galicia, Catalunya o País Vasco no están por debajo de la media en su nivel de lengua castellana', han asegurado las mismas fuentes.

En la misma línea se ha mostrado la consejera vasca, que ha pedido a Wert que 'se deje de declaraciones provocadoras y busque acuerdos'. Tambien Celaá ha criticado la rapidez con que se ha elaborado el proyecto de ley y el presupuesto que se ha empleado. 'Para la creación de la LOE se presupuestaron 7.000 millones y con esta han empezado restando 5.000', ha lamentado.

También el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha instado al ministro a presentar 'otro texto' de reforma que tenga 'mayor grado de acuerdo y consenso', informa Efe.

'Nuestra posición es la de que el PP debería armar otro texto con mayor grado de acuerdo y de consenso porque no estamos de acuerdo en absoluto con lo que hoy se nos ha traído', ha aseverado Pérez.

Por su parte, el consejero de Educación de Castilla la Mancha, Marcial Marín, ha defendido el nuevo proyecto como 'necesario' dado los malos resultados cosechados por España en fracaso escolar. 

Pese a las evidentes discrepancias entre comunidades, Marín se ha mostrado 'convencido' de que conseguirán llegar a acuerdos. 'La ley actual no sirve para nada, necesitamos este proyecto para poder llegar en 2020 a reducir a la mitad los índices de fracaso escolar'.

Sin embargo, ni siquiera el consenso parece claro entre los propios consejeros del PP, que, según publicó el diario El Confidencial, en una reunión celebrada en Génova el lunes pasado, se lanzaron contra el proyecto de reforma educativa.