Parar los desahucios hasta que se articule una nueva ley que proteja a las familias con dificultades. El llamamiento, que ha llegado desde varios partidos políticos, asociaciones de jueces y plataformas sociales, ha calado en el Gobierno, que ha convocado para hoy una reunión de urgencia que tiene como objetivo paralizar temporalmente los desalojos. Por el momento, nada ha trascendido del contenido. Porque de hecho, el encuentro sigue a estas horas. Fuentes del Gobierno sólo precisaron que se avanza en los trabajos y que el mero hecho de ponerse manos a la obra ya es buena señal. También desde la Moncloa añadieron que se intentará que las medidas 'más urgentes' para paliar el drama de los desahucios se aprueben lo antes posible. Si se puede, incluso, en el Consejo de Ministros de este jueves –se prevé que se adelante un día por la Cumbre Iberoamericana–. Si este lunes se dieran pasos sustanciales, Ejecutivo y PSOE lanzarán un comunicado o bien hablarán en el Congreso la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos de los socialistas, Elena Valenciano, informa Juanma Romero.

Desde Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, confió en que se lleguen a tomar medidas 'para que ninguna familia de buena fe se quede sin techo como consecuencia de la crisis'. Desde el punto de vista del Ejecutivo, 'es imprescindible y de necesidad social' que las familias no pierdan su techo, informa Efe.

El inicio de este diálogo tiene lugar después de que se hayan alcanzado cifras intolerables en el número de personas desahuciadas y tras el patete fracaso del código de buenas prácticas que el Gobierno ideó para la banca. El último dato de octubre, publicado por el Consejo General del Poder Judicial, revelaba que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se había producido una media de 526 desalojos diarios. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde que comenzó la crisis en 2008 los desahucios han superado ampliamente los 400.000 en todo el territorio español.

De Guindos espera medidas para que 'ninguna familia de buena fe se quede sin techo por la crisis'

Representantes del Ejecutivo de Mariano Rajoy se sentarán frente a dirigentes del PSOE para negociar diversas medidas que neutralicen los desahucios de los más vulnerables. La convocatoria ha tenido un precio alto: el suicidio de Amaia Egaña, una mujer que se tiró desde un cuarto piso porque iba a ser expulsada de su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca. La segunda persona en dos semanas que se quita la vida por el drama del impago, a la que habría que sumar la reacción desesperada de un vecino de  la localidad valenciana de Burjassot que se arrojó al vacío desde la segunda planta de su edificio, aunque finalmente sobrevivió.

El encuentro tiene lugar después de que Rajoy prometiese el pasado viernes que hoy anunciaría medidas para poder hacer más fácil 'renegociar la deuda y permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible'.

Luego, durante el fin de semana, los contactos entre ambas partes se intensificaron para fijar la esperada cita, cuyo objetivo es encontrar una solución a un drama que se ha repetido unas 400.000 veces desde el inicio de la crisis. El presidente del Gobierno no ha concretado las medidas, pero tiene claro que los desahucios deben ser paralizados, aunque sea de manera temporal. Por ejemplo, facilitando que se pueda renegociar la deuda del propietario del inmueble con el banco y, en su defecto, buscando un modo de que las familias en situación más crítica puedan seguir en la vivienda en el caso de que banco e hipotecado no llegasen a un acuerdo. 

Así, Bankia alcanzó el pasado viernes un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para evitar que se quedara sin casa una vecina que llevaba cinco días en huelga de hambre tras ser desahuciada. Para ello, el Consistorio canario tuvo que amenazar al banco con retirar un millón y medio de euros. La afectada, según explicó un concejal chicharrero, podrá seguir viviendo en ella pagando 'un alquiler social en ventajosas condiciones'. Esta medida de presión ha calado en la península: el municipio coruñés de Ares anunció ayer que cancelará sus cuentas de los bancos que ejecuten el desalojo de alguno de sus vecinos.

Pero no todos los bancos están dispuestos a dar el brazo a torcer: mientras Kutxabank anunciaba ayer la suspensión temporal de las ejecuciones hipotecarias, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, advertía de que modificar la ley hipotecaria para paralizar los desahucios podría 'premiar' el impago y añadir 'dificultades' a la recuperación económica'.

Por su parte, el PSOE presentará en el encuentro con los representantes del Gobierno la proposición de ley que registró en el Congreso para que 'nadie se quede sin casa'. La propuesta, después de ocho meses de trabajo, implica la mofidicación de cinco leyes y contempla implantar una moratoria para dejar en suspenso el proceso de ejecución durante la renegociación. De esa forma, los socialista pretenden evitar el 'abuso' de los intereses de demora, así como un procedimiento extrajudicial previo similar a los concursos de acreedores que existen para las empresas en quiebra. El giro del PSOE es total, porque en la pasada legislatura la izquierda parlamentaria –singularmente, IU-ICV– le pidió una salida y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se la negó. 

Pese a que los contactos de alto nivel para tratar de acercar posturas habían comenzado antes (Sáenz de Santamaría se reunió el pasado miércoles con Valenciano), el suicidio en Barakaldo de Amaia Egaña, exconcejala socialista en Eibar, precipitó el primer encuentro de la ronda de negociaciones que comienza hoy. Miguel Temboury, subsecretario del Ministerio de Economía, encabeza la delegación del Gobierno, mientras que Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria de Economía del PSOE, ha sido la elegida para representar a la oposición en este encuentro centrado en los desahucios. Un motivo más, según afirmó ayer el coordinador federal de IU, Cayo Lara, para hacer huelga el 14-N.