Mariano Rajoy cuenta los días que quedan para las elecciones catalanas con la relativa tranquilidad de que, pase lo que pase, tiene las espaldas cubiertas con una estrategia bien definida para frenar el independentismo. Frente a quienes le dicen que el furor soberanista de Artur Mas se pinchará con las urnas, el presidente del Gobierno está convencido de que, obtenga o no la mayoría absoluta, CiU seguirá desafiando al Ejecutivo con su plan independentista. Asegura en su entorno que en la reunión de septiembre con el president percibió que éste iba en serio para llevar adelante sus pretensiones.

Primero, porque en caso de no lograr los votos para la mayoría, ERC ya le ha brindado su apoyo para trabajar por la independencia, como ha confirmado Oriol Junqueras, el candidato de Esquerra para el 25-N. Segundo, argumentan los conservadores, porque a un Mas reelegido presidente sólo le queda la ruptura para continuar su maniobra de distracción de una gestión económica que, en su segunda legislatura en la Generalitat, será aún más asfixiante. Entre otras cosas porque en La Moncloa están convencidos de que el Ejecutivo catalán deberá recurrir otra vez al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2013 para incrementar la cuantía de su rescate (5.023 millones solicitados en agosto).

Al margen de las cuestiones económicas, Rajoy ha conseguido algo inédito: meter a Bruselas en la campaña de las catalanas como advertencia a CiU de lo que le depara el futuro si sigue su camino por libre. Con una intensa actividad de su núcleo de confianza en los asuntos europeos, capitaneado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y respaldado por el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, y el secretario general del PP Europeo, Antonio López-Istúriz, Rajoy ha logrado su objetivo primero: que la Comisión Europea (Viviane Reding o Joaquín Almunia) advierta a Catalunya de la imposibilidad de seguir en la UE si se independiza y que los catalanes conozcan, sobre todo, cuál sería un primer perjuicio económico derivado de esta salida: sólo entre 2007 y 2010, Catalunya recibió 7.000 millones de cuatro Fondos europeos, ayudas a las que tendría que renunciar.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que presidente José María Aznar o asociaciones anti-nacionalistas como Convivencia Cívica Catalana han elaborado diversos informes económicos (en el caso de Exteriores, de carácter interno) para la campaña electoral del PP catalán y que recogen datos tan abrumadores como que la secesión catalana costaría a sus ciudadanos alrededor del 19% del PIB (unos 35.000 millones de euros anuales) o uno de cada seis empleos de los catalanes.

Ofensiva legal

Las encuestas internas del PP no dan la mayoría absoluta a CiU y recogen un buen resultado de Alicia Sánchez-Camacho, aunque los conservadores optan por la cautela. Si bien reprodujeron con mucha aproximación los resultados de los comicios gallegos y vascos, los de Rajoy son conscientes de que el de Catalunya 2012 es un terreno inexplorado anteriormente y creen que hay mucho voto oculto, sobre todo, no nacionalista. Por eso han puesto toda la carne en el asador y, no sólo han movilizado hasta al Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que lo han puesto a la cabeza de la estrategia para debilitar a CiU en un pulso donde ya no existe más discusión electoral que la independencia o su rechazo.

Cuando el 25-N pase, sea cual sea el resultado, Rajoy ya tiene dos herramientas preparadas para tratar de echar por tierra cualquier tipo de consulta, plebiscito o similar del nuevo Govern. Por un lado, la actuación inmediata de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Eduardo Torres-Dulce ha mostrado sus cartas y su 'horizonte' -dijo- la semana pasada, en un acto en el Centro de Estudios Jurídicos al que acudió con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: la función del fiscal general es garantizar el 'respeto absoluto a la Constitución y a las leyes que nos hemos dado todos los españoles'.

El presidente del Gobierno cuenta también con el apoyo del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso (PPE), que espera únicamente una señal de España para pronunciarse oficialmente sobre las consecuencias legales de un proceso de independencia de Catalunya. Ya ha advertido, en cualquier caso, de que la creación de un nuevo Estado no tendría un 'carácter neutro' en relación con los Tratados de la UE, que son muy claros al respecto. Costaría entender, argumentan en el PP, que ante toda esa presión, CiU siguiese con  su proyecto.