Plano de la Ciudad del Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (Pincha la imagen para ampliar)

La crisis hizo saltar por los aires la burbuja inmobiliaria, pero hay nostalgias que se resisten a marcharse. La Junta de Castilla y León invertirá 11,3 millones de euros en 2013 en la Ciudad del Medio Ambiente, un macroproyecto inmobiliario semiparalizado, ubicado en un desierto poblacional y pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional que podría echarlo abajo. Buena parte del total (4 millones), además, irán a parar a dos edificios institucionales que el Gobierno autonómico construye, pese a no haber especificado para qué.

La cantidad, fijada en el anteproyecto de Presupuestos regionales presentado el pasado octubre, supone prácticamente un tercio del total de las inversiones previstas por la Junta para Soria (31,4 millones), donde se levanta la instalación. La provincia castellano leonesa cuenta con uno de los presupuestos más ajustados de la comunidad: apenas recibirá el 7% del gasto total y la inversión se ha reducido un 5,6% con respecto al año anterior. Mientras, otros proyectos públicos de carácter social, como la renovación de un hospital, la construcción de varios centros sanitarios, una Escuela Oficial de Idiomas y una autovía regional, no recibirán ni un euro de financiación.

El presupuesto para la CMA supone un tercio de todo lo que invertirá la Junta en Soria

El proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) fue aprobado por la Junta en 2007, en pleno boom inmobiliario, y comenzó a construirse en 2009 en 500 hectáreas del municipio soriano de Garray, a unos 10 kilómetros de la ciudad. Asentada sobre unos terrenos que estaban clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico, en ella se planea levantar ahora un enorme parque empresarial, un campus industrial para la investigación, más de 780 viviendas (33% de VPO y el resto libres, la mayoría unifamiliares), un centro de hípica, balneario, pistas de paddle y tenis y hoteles, entre otras cosas.

Este periódico se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con la Consejería de Medio Ambiente para conocer las razones por las que el Gobierno autonómico prioriza esta construcción en detrimento de otras partidas, pero, pese a que en un principio se mostraron dispuestos a colaborar, no se obtuvo respuesta.

Según se desprende de la página web del proyecto, la Ciudad del Medio Ambiente fue concebida como 'un motor de desarrollo socioeconómico' que contará con una inversión total (pública y privada) de '500 millones de euros' y que 'atraerá actividades empresariales que serán todo un estímulo social, cultural y económico para la provincia de Soria'.  La Junta asegura, además, que a través de las empresas que formarán parte de la CMA (Iberdrola, Telefónica, ACS y el Banco Santander, entre otras) se crearán 1.000 empleos cualificados, pero la oposición denuncia que no se ha conseguido arrancar un compromiso sólido a las entidades en este sentido.

'Esa es la pregunta del millón. Llevamos mucho tiempo solicitando información a la Junta para que nos diga qué compromiso tienen las empresas con la creación de empleo, pero no responden', señala Carlos Martínez, secretario provincial del PSOE en Soria. Su grupo, según explica, no se opone al proyecto en sí, pero propone que se desarrolle en la ciudad de Soria, donde 'sí hay necesidad de instalaciones y de tejido industrial', afirma.

Pendiente de sentencia ante el TC

Poco después de aprobarse el proyecto en 2007, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Castilla y León 6/2007 del 28 de marzo de aprobación del Proyecto Regional 'Ciudad del Medio Ambiente', una normativa creada ‘ad hoc' por el Gobierno de la Junta para poder construir en los terrenos donde se levanta la CMA, calificados como zona rústica especialmente protegida.

La Junta creó una ley para la CMA que permitió construir en terrenos protegidos

En 2006, la Junta cambió la Ley de Ordenación del Territorio para que se pudieran tramitar como ley los proyectos 'de excepcional relevancia para el desarrollo social y económico', como fue declarado posteriormente la Ciudad del Medio Ambiente. Así, la Ley de aprobación de la CMA permite urbanizar en terrenos donde anteriormente estaba prohibido y además, se hace imposible un recurso judicial que no sea ante el Tribunal Constitucional, un proceso largo y que puede tardar en resolverse. En una notificación de 2009 a la que ha tenido acceso Público, el alto tribunal afirma que el recurso se encuentra 'concluso y pendiente de resolución definitiva', aunque tres años después no hay una sentencia al respecto.

Según Carlos González, miembro de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), la Junta tramó esta argucia legal para evitar que ocurriera lo mismo que en la Ciudad del Golf proyectada para la localidad de Navas del Marqués (Ávila), donde las denuncias de grupos ecologistas lograron parar judicialmente su instalación.

Los socialistas se postulan en la misma línea: 'Se pretende construir un pueblo de la nada bajo la justificación de que no altera el medio ambiente, pero este es un proyecto especulativo. Aquí hay otros intereses', denuncia Martínez.

Desde ASDEN atribuyen la ubicación de la CMA a un acuerdo entre el Gobierno regional (que poseía 200 hectáreas)  y Caja Duero (a quien pertenecían las otras 300) para recalificar unos terrenos que de otro modo no tenían ningún valor de mercado. '¿Por qué en Soto de Garray, que ambientalmente es una de las zonas más importantes de Soria? El objetivo no está en crear una ciudad modélica, sino en generar un espacio en medio del campo, aislado, y traer empresas, lo que va en contra de la arquitectura moderna, que ordena construir en los núcleos urbanos para aprovechar los recursos', lamenta González.

Cuatro millones sin uso concreto

Pese a las jugosas partidas que ha recibido la Ciudad del Medio Ambiente desde que se ideó el proyecto (más de 130 millones en 9 años), tanto la agrupación ecologista como la oposición afirman que apenas se ha avanzado en la construcción salvo algunos caminos y zonas de acceso. Lo único que marcha a buen ritmo por el momento es la construcción de dos edificios institucionales de  la Junta, la llamada ‘Cúpula de la Energía', que el Gobierno regional no ha especificado para qué serán utilizadas.

Según la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Garray a la Junta, a la que ha tenido acceso este diario, la alcaldesa María José Jiménez de las Heras (PP) dio permiso para la construcción de ambas torres pese a que la ‘Cúpula de la Energía' 'se plantea como un espacio multiusos', con actividades 'que están sin definir'.

La oposición y grupos ecologistas han propuesto ubicarlo en la ciudad de Soria

El uso que se le vaya a dar  a las instalaciones define el tipo de licencia ambiental necesaria para el permiso de obra. Sin embargo, la corporación aprobó su construcción pese a reconocer que no se estaba cumpliendo con ese precepto y que carecía de licencia.

'Hay ejemplos que corroboran el que es posible desvincular la concesión de una licencia ambiental de la concesión de una licencia urbanística', justifica el Ayuntamiento en el documento.

En conversación con Público, Jiménez de las Heras dijo no recordar el uso adjudicado a las obras y rehusó responder a más preguntas alegando desconocer si se pretendía informar 'a favor o en contra' del proyecto.