Begoña Marco y Carme Olivet son dos de las 85.233 personas que, en el último mes, han salido del sistema de Seguridad Social tras el recorte del PP a la Ley de Dependencia. Ambas dejaron sus empleos para cuidar a sus hijos, que tienen altos grados de discapacidad. Desde que en 2007 el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha esta nueva legislación, el Estado se hacía cargo de sus cotizaciones a la Seguridad Social. El tijeretazo que incluye el decreto de reforma de esa ley aprobado por el Gobierno del PP las deja fuera del sistema y complica la posibilidad de que puedan tener una pensión en el futuro. 

Carme dejó su trabajo como cuidadora de ancianos para hacerse caso de su hija Gemma, que a los seis años sufrió un tumor cerebral que la dejó prácticamente sorda y ciega. Tiene diagnosticada una discapacidad del 98%. A las puertas de la jubilación –tiene 58 años– ve cómo los recortes del PP pueden dificultar el cobro de una futura pensión. 'Dejé de trabajar para cuidar a mi hija y ahora me quedaré sin pensión porque no me puedo pagar la Seguridad Social', lamenta en conversación telefónica desde su casa de Barcelona. 

Además, el recorte del 15% –ha pasado de cobrar 417 a 354 euros– en la prestación que recibe por cuidar a su hija hace que cada vez tenga que hacer más números para llegar a fin de mes. 'Nos gustaría ahorrar para ella, para que tenga un remanente para el futuro, pero es imposible', asegura. Medidas como el euro por receta implantado por la Generalitat de Catalunya hacen que la vida de esta familia sea si cabe más complicada. 'Ahora gastamos 40 euros al mes en medicinas. Gemma necesita además unas pilas para el implante coclear con el que ha recuperado parte de la audición que valen 60 euros al mes', relata Carme. 

La situación de Begoña tampoco es mucho más positiva. Dejó su empleo en una empresa distribuidora de productos farmacéuticos para cuidar a su hijo, aquejado del síndrome de down y con 66% de discapacidad. Ahora, a pesar de que su hijo requiere sus cuidados de forma continua, busca trabajo 'para poder sobrevivir'. 'Si lo encuentro, ya veremos cómo nos apañamos', relata. Como todos los cuidadores de personas dependientes, Begoña también ha sufrido los recortes en las prestaciones. Ha pasado de cobrar 150 euros a 127. Esta situación también la obliga a hacer muchas cuentas para poder llegar a fin de mes. 'Nos hemos planteado vender el coche o quitarnos el teléfono', asegura. 

Begoña considera además que estos recortes atentan contra la oportunidad de que personas como su hijo 'tengan una vida digna'. 'Si no podemos costear que hagan actividades, nuestros hijos están condenados a estar todo el día en casa, al lado de sus madres y sin relacionarse con nadie más', lamenta. Además, cree que la decisión del Gobierno del PP de que el Estado no cotice por las cuidadoras de dependientes –un 92% son mujeres– es un atentando contra el 'derecho a la igualdad' de las mujeres.