El afán privatizador del Partido Popular alcanza ya al principal drama del Estado: el paro. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la que es presidenta la número dos de los conservadores, María Dolores de Cospedal, quiere que parte de los servicios de orientación y búsqueda de empleo pasen a manos privadas a partir del próximo mes, coincidiendo con el estreno del nuevo año. 

La región, que tiene 262.882 parados, planea acabar este mismo lunes con los 88 puestos de trabajo de orientadores laborales que dependen de la administración y que siguen prestando sus servicios en Castilla-La Mancha. Otros 88 profesionales ya fueron despedidos en el mes de junio, motivando una huelga de sus compañeros, que fue convocada por UGT y STAS Intersindical. Durante la reunión de la mesa sectorial de funcionarios que tendrá lugar mañana en Toledo, la Dirección General de Empleo presentará previsiblemente a los principales sindicatos castellano manchegos su propuesta (ver PDF) que contempla esa nueva reducción del personal público.

El Gobierno de Cospedal argumenta que el contrato de esos orientadores laborales finalizó el 31 de diciembre de 2008, y que desde entonces y hasta ahora 'se han ido prorrogando sus puestos de trabajo'. En un correo electrónico remitido a este diario, fuentes de la Presidencia de Castilla-La Mancha recuerdan que estos trabajadores 'sabían que estaban ocupando un puesto de trabajo que era temporal y, por tanto, con fecha de inicio y de final' e insisten en que 'sus nóminas se pagan con fondos procedentes del Gobierno de España, quien ha decidido no presupuestar esta partida para 2013 y, por tanto, no prorrogar sus contratos'.

'Esta situación se ha producido en toda España, no es sólo una situación de Castilla-La Mancha', añade. En efecto, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, el que ha conseguido este año alcanzar la cifra récord de paro en la historia democrática española, ha decidido no renovar el plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral aprobado en 2008 y que contempló la contratación de 1.500 orientadores que se repartieron por todo el territorio.

Pero lejos de los despidos o las no renovaciones que plantea el Ejecutivo de Cospedal, otras comunidades autónomas gobernadas tanto por el PSOE como por el PP, han optado por mantener a esos orientadores. Es el caso de Extremadura, presidida por el conservador José Antonio Monago, que el pasado 16 de noviembre garantizó la prórroga de los contratos de los 152 promotores de empleo que prestan servicio en el SEXPE, para el año 2013, con fondos exclusivamente de la comunidad autónoma.

También han abogado por mantener tal cual ese servicio en el País Valencià. El pasado día 3 de noviembre, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), dependiente de la Conselleria de Educación, anunciaba que había conseguido los fondos necesarios para prorrogar el empleo de 123 orientadores laborales cuyos contratos expiraban en diciembre por la mencionada decisión del Ejecutivo de no prorrogar la ayuda. Según han explicado a este diario responsables de diferentes sindicatos de funcionarios, el servicio de  orientación de empleo seguirá siendo público, además, en Andalucía, Navarra o la Región de Murcia.

En cambio, el Gobierno castellano manchego que preside la número dos del PP optará por otra vía. Según han explicado fuentes de la Presidencia de la región, en compensación por los despidos de los 88 orientadores laborales que planea hacer efectivos a final de mes, el Ejecutivo autonómico está 'trabajando en un nuevo sistema de orientación basado en la colaboración público-privada que será puesto en marcha a principios de 2013'. Este diario ha preguntado insistentemente sobre qué supondrá ese sistema'público-privado' sin obtener ninguna aclaración. 'Se dará correspondiente información llegado su momento', insisten.

Orientadores laborales consultados por Público se atreven a vaticinar que la privatización supondrá que la orientación de empleo se vincule al control de las prestaciones que reciben los parados. Es decir, que la función de los nuevos orientadores de la empresa privada se limite a 'vigilar' si los desempleados cumplen con los requisitos establecidos para que sigan cobrando sus ayudas. Estos trabajadores basan sus argumentos en la asociación que hace el Plan Anual de Política de Empleo de 2012 entre el control de prestaciones y el dinero que recibirán las comunidades, así como en el real decreto 20/2012 de julio en el que se regula la ley de seguridad social y la de fraude y sanciones para evitar el el cobro engañoso de prestaciones.

Frente a estas sospechas, el Ejecutivo de Cospedal insiste en que concede 'una importancia máxima' a la orientación laboral. 'El desempleo es la principal preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha, precisamente por ello está centrando gran parte de sus esfuerzos en la creación de empleo, como pone de manifiesto que casi un 70% del presupuesto de la consejería, incluido capítulo uno de personal y el dos de gasto corriente, está destinado a la creación de empleo, dinamización empresarial, emprendimiento, etcétera', concluyen.