Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha presentado un escrito de alegaciones en el que se opone a la fianza de 8,1 millones de euros que le exige la Fiscalía, argumentando que los contratos del Instituto Nóos eran correctos y, por lo tanto, su cliente no ha cometido delito alguno.

En declaraciones a los periodistas, el letrado de Urdangarin ha resumido así el contenido de las alegaciones que ha presentado contra la petición de la Fiscalía y las acusaciones de que el juez imponga una fianza al duque de Palma para cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas de la causa abierta por el desvío de fondos del Instituto Nóos.

Según Mario Pascual Vives, el escrito de alegaciones defiende que la contratación efectuada por el Instituto Nóos, que dirigían Urdangarin y su exsocio Diego Torres, fue totalmente correcta, y que, además, su cliente no ocupaba más que una mera 'función representativa' en la asociación con la que presuntamente se desviaron fondos públicos. El abogado ha añadido que actualmente son 'inexistentes' las relaciones entre Urdangarin y su exsocio Diego Torres, quien a su vez ha presentado otro escrito de alegaciones para oponerse a la fianza de 8,1 millones que también se le exige.

Pascual Vives se ha mostrado confiado en que su escrito de alegaciones sirva para que el juez que instruye el caso, José Castro, rechace la fianza planteada por las acusaciones del caso Nóos. 'Llevo 33 años ejerciendo esta profesión, así que confío en la justicia', ha afirmado Pascual Vives a los periodistas que hacían guardia a las puertas de su despacho en Barcelona.

'Llevo 33 años ejerciendo esta profesión, así que confío en la justicia', dice el abogado de Urdangarin

El abogado de Urdangarin ha agregado también que no le consta que, por el momento, haya algún comprador interesado en adquirir el palacete que los duques de Palma poseen en Barcelona, que el matrimonio ha puesto a la venta.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma debe decidir en los próximos días acerca de las peticiones de fianza que realizaron en primer lugar la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del sindicato Manos Limpias, el pasado 21 de noviembre, y posteriormente, el 29 de noviembre, la comunidad autónoma balear.

La Fiscalía y Manos Limpias coincidieron en reclamar la misma cantidad, 8.189.448 euros de fianza, en esta causa que investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de las administraciones autonómicas balear y valenciana entre 2004 y 2007, a través del Instituto Nóos.

Por su parte, el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, ha pedido al juez que instruye la investigación del caso Nóos que rechace la petición de fianza de las acusaciones para su defendido, exsocio de Iñaki Urdangarin, por considerar que es 'desatinada' y no se ajusta a derecho. El letrado presentó el lunes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un escrito de alegaciones, en el que afirma que 'no es verdad que el Instituto Nóos' y sus responsables cometieran 'acto ilícito de suerte alguna' por lo que rechaza la petición de fianza.

González Peeters niega 'toda la retahíla de inadmisibles afirmaciones' acusatorias en los escritos de las acusaciones y no comparte la opinión del Ministerio Fiscal de que los responsables de las administraciones públicas, de acuerdo con los del Instituto Nóos, tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas para beneficiar a personas concretas.

El abogado pone como ejemplo que varios de los acuerdos que firmó Torres fueron con consellers del Govern balear, por lo que no cabía tener dudas de la 'bondad y absoluta licitud' de los mismos, y asegura que su defendido no conocía de nada a esas personas, de manera que tampoco pudo concertarse con ellos.

Añade que Torres 'no tenía, ni tiene, ni podía ni puede tener la menor idea, ni directa ni indirecta, de cuestiones de tipo jurídico'. Afirma que las actividades recogidas en los acuerdos de colaboración entre Nóos y las administraciones públicas que se investigan en esta causa se llevaron a cabo y además 'con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos', por lo que considera 'imposible' atender a la solicitud de fianza.

Asegura que Diego Torres no era autoridad ni funcionario público, por lo que no se le puede considerar autor de un delito de prevaricación, de manera que si las acusaciones fueran ciertas, podría ser considerado 'todo lo más partícipe' y se le debería pedir no el total de la indemnización, sino solo una responsabilidad subsidiaria.

Sobre la petición de fianza por parte de la comunidad balear, González Peeters la considera 'inaudita' y dice que 'da para una trilogía', ya que una parte de la cantidad demandada deriva de presuntas irregularidades en acuerdos con la Fundación Illesport, cuyas cuentas auditaba la Intervención de la comunidad autónoma y en las que no detectó ninguna infracción.

La defensa de Diego Torres rechaza de plano la petición de una fianza de responsabilidad civil por parte de Manos Limpias porque considera que el ejercicio de la acción popular 'ha de limitarse única y exclusivamente a la acción penal' y no a la civil, según la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Considera que 'carece de legitimación para reclamar derechos indemnizatorios de esa clase' y que además Manos Limpias debería saberlo, por lo que entiende que su petición de fianza ha sido realizada con 'temeridad y mala fe', y pide para ella 'el más absoluto de los rechazos'.