En el año 2012 las denuncias registradas por violencia machista en los juzgados y tribunales de España  alcanzaron un total de 128.543, según el informe presentado este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Este dato confirma la tendencia que marca la bajada significativa, en concreto de un 10%, de las denuncias por malos tratos desde que comenzó la crisis económica en 2008.

Este estudio, basado en las conclusiones obtenidas después de analizar  los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer que existen en toda España, revela que durante el año pasado hubo una media diaria de 352 denuncias diarias, 15 menos que en 2011. Un 72% del total fueron presentadas por las víctimas, frente al 13,51% derivado de la intervención policial y el 11,4% restante por parte de lesiones.

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género ha analizado la bajada del 4% en las denuncias por violencia doméstica respecto al año anterior: 'Esta tendencia se viene registrando desde la llegada de la crisis económica. Las mujeres tienen menos independencia económica y más miedo a denunciar. Además, les llega un mensaje de continuos recortes y piensan que no van a tener la asistencia social que necesitan', ha recalcado este miércoles.

Montalbán ha querido hacer una mención especial a los menores que son víctimas indirectas o directas de la violencia machista en relación con el asesinato de los Ruth y José por su padre o a la niña que fue supuestamente asesinada por su padre, que se suicidó después, en Málaga. Ha invitado a 'dirigir la mirada hacia la protección de las mujeres y de sus hijos' y a diseñar políticas que favorezcan ese apoyo a los menores. 

'Estamos en un estadio más avanzado de la violencia de género y es necesario apoyar con mayor intensidad a los menores que sufren ellos esa violencia o de forma indirecta a través de sus madres', ha dicho la jurista, quien ha anunciado que el organismo que preside tiene como principal objetivo reforzar las unidades de valoración de riesgo en los juzgados para que el juez pueda acordar si procede adoptar medidas cautelares respecto al menor.