La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, ha citado a declarar como imputados a seis empresarios cuyas sociedades realizaron ofertas en el concurso para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos, entre ellos Eduardo Báñez González, fallecido hace varios años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Fuentes del caso han informado de que la magistrada habría citado a declarar al padre de la ministra por error tras coger los datos directamente del Registro Mercantil, donde aún figuraría Eduardo Báñez González como consejero delegado de Construcciones Juan de Robles.

En una providencia conocida este lunes, la magistrada cita a declarar el próximo viernes tanto a Báñez como a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa. También han sido citados a declarar como imputados este viernes día 14 de junio Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Asimismo, la juez ha citado para este jueves como imputado a Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, y, en calidad de testigo, al presidente de la federación de empresarios mayoristas del mercado central de abastos, José María Morillo.

Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga. En el auto, la juez considera que, 'de los indicios' expuestos a lo largo del procedimiento, 'puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma'.

A juicio de la instructora, las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, 'constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes' en el concurso.

Por su parte, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de los ERE y uno de los principales imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, presentará en los próximos días un nuevo recurso contra el auto de prisión dictado el pasado mes de marzo por la juez Mercedes Alaya, todo ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla lo haya dejado en libertad bajo fianza de 450.000 euros.

Fuentes del caso han informado de que, recientemente, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial estimó parcialmente su recurso de apelación contra el auto de prisión provisional y sin fianza dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y lo dejó en libertad bajo fianza de 450.000 euros, cantidad que el imputado no ha podido satisfacer al 'no disponer' de ella, por lo que sigue en la cárcel. Por este motivo, y según las fuentes consultadas, el letrado del imputado presentará en los próximos días un recurso de reforma ante la propia juez en el que volverá a pedir su libertad sin fianza, y en caso de que la magistrada rechace el recurso acudirá nuevamente a la Audiencia Provincial.

Lanzas fue una de las siete personas a las que la juez Alaya mandó a prisión dentro de la operación 'Heracles' por la que la Guardia Civil investiga el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.