Si hubiera que describir cómo Carlos Fabra ha vivido hasta ahora el juicio que se sigue contra él y otros cuatro acusados ─ en su caso por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales─ por el caso Naranjax, la palabra más adecuada para hacerlo sería tranquilidad. Y es que nada de lo sucedido escapa a los posibles cálculos que el exbarón castellonense y su letrado hubieran previsto para las primeras jornadas de la vista.

Las declaraciones de los acusados, incluida la de su antiguo socio y amigo Vicente Vilar (desdiciéndose de la denuncia a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de agilizar los permisos de venta de sus productos y que desencadenó el caso que ahora se juzga), llegaron incluso a dibujar más de una sonrisa bajo las eternas gafas de sol del expresidente de la Diputación de Castellón.

Que luego ─ declarando como testigos ─ la mayoría de ministros y otros altos cargos del gobierno de José María Aznar reconocieran haberse reunido con Fabra y tratado con él sobre los productos de Vilar (aunque obviamente, sin llegar a interceder con él, lo que les supondría una autoinculpación en el delito de tráfico de influencias) tampoco le llevó a torcer el gesto. 'Interesarse por los problemas de los empresarios de tu provincia es lo más común', le han disculpado la mayoría, conscientes como él de que el delito de tráfico de influencias es el más difícil de probar.

Sin embargo, el juicio que durante las últimas semanas se sigue en la Audiencia Provincial de Castellón debería dejar de parecerle a Fabra el camino de rosas discurrido hasta ahora a partir de mañana martes. Porque será entonces cuando empiece la declaración de los inspectores de Hacienda sobre cuyo informe, realizado a partir de la investigación durante un lustro de las cuentas y el patrimonio de Carlos Fabra y su exesposa ─ la también acusada, Amparo Fernández ─, se sostiene la acusación de fraude fiscal.

Hasta 3,77 millones de euros llegaron a detectar los peritos durante su investigación en las cuentas de Fabra y su exesposa sin una procedencia justificada. Y aunque la instrucción se alargó hasta la extenuación y el barón conservador pudo presentar y presentó numerosa documentación, finalmente solo pudo justificar una mínima parte de él, dejando de aclarar el origen de más de 3 millones de euros.

El turno de las defensas de los interesados para cuestionar los detalles de la investigación llegará esta semana, pero la prueba de que esta es la acusación que principalmente preocupa e incomoda a Carlos Fabra y su exmujer fue la solicitud de la anulación del informe de Hacienda y del testimonio de los inspectores de la Agencia Tributaria por parte de los letrados de ambos acusados en la primera jornada del juicio.

'Su actuación carece de la imparcialidad obligada', esgrimió el letrado de Fabra, Javier Boix, que  trató de justificar su exigencia ─ que libraría de un plumazo a su cliente de la acusación de fraude fiscal─ en el hecho de que los peritos son miembros de una organización que se presenta como parte perjudicada por el dinero presuntamente defraudado: la Agencia Tributaria. 'No pueden ser a la vez denunciantes y peritos', retorció Boix su argumento, y aunque no lo asumió, el Tribunal de la Audiencia Provincial ─ que ya intentó quitarle estas acusaciones a Fabra hace años al considerar prescritos los presuntos delitos (algo que rectificó el Supremo)─ se reservó poder hacerlo a la hora de emitir la sentencia.

En cualquier caso, el martes y el miércoles será inevitable escuchar los testimonios de los inspectores de Hacienda detallando cómo Carlos Fabra engrosó sus cuentas a medida que ─ como se ha escuchado en el juicio─ sus chóferes y otros intermediarios le realizaban ingresos regulares de cantidades no detectables por el fisco.

Solo por estos delitos de fraude fiscal Carlos Fabra debería hacer frente a una posible condena de 8 años de cárcel y el pago de los 692.000 euros presuntamente defraudados entre los años 1999 y 2003 más los intereses correspondientes al retraso, y una multa de 1,4 millones de euros; mientras que su ex esposa se enfrentaría a una condena de seis años de cárcel (su delito se habría detectado solo en tres ejercicios), el pago de los 428.000 euros presuntamente defraudados, y una multa adicional de 860.000 euros.

Tras la declaración de los peritos de Hacienda y las conclusiones de las partes, el caso Fabra, casi una década después del inicio de su instrucción, quedará visto para sentencia.