La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha celebrado que se hayan 'interrumpido' la negociación abierta por el Ministerio de Justicia para entregar el Registro Civil a los registradores, aunque ha advertido de que mantendrá la convocatoria de movilizaciones ya que no hay una decisión final sobre su posible 'privatización'.

CSI-F, sindicato mayoritario en el sector de Justicia, ha considerado que el Ministerio 'no ha podido plegarse' a la 'presión' de los empleados públicos y los sindicatos que, desde el primer día, han dado 'la voz de alarma' y han convocado concentraciones contra la privatización del Registro Civil.

Aunque los registradores hayan 'rechazado hacer este trabajo gratis', el sindicato advierte de que se mantendrá 'vigilante' porque el Ministerio les ha transmitido que es 'un paréntesis' y aun no da por cerrada la entrega de este servicio público a otros colectivos, sin garantizar que sean funcionarios públicos.

Según CSI-F, el Ministerio les ha asegurado que los puestos de trabajo de cerca de los 3.500 trabajadores están garantizados y no se producirá ninguna movilidad forzosa en el ámbito que depende de su gestión. 'Incluso se van a estudiar fórmulas para que los Juzgados de Paz de las localidades pequeñas no queden vacíos de contenido y asuman otras competencias, como la mediación', ha añadido.

Para el sindicato, estas garantías no son suficientes y exige ser parte de la negociación con 'luz y taquígrafos'. Por ello, ha reclamado que el Ministerio deje de 'jugar a la subasta' con el Registro Civil y se siente a negociar con los sindicatos, por respeto a los más miles de funcionarios que ven con incertidumbre su futuro.

Para CSI-F, la única alternativa pasa por un Registro Civil público servido por funcionarios de Justicia especializados, ya que son ellos los que tienen la formación, experiencia y potencial necesarios para asumir el reto de la modernización de este servicio público.

De esta forma, ha apostado en un comunicado por un Registro Civil 'centrado en las personas, con una organización interna moderna, descentralizado en su demarcación aprovechando la red de Juzgados de Paz y los partidos judiciales; y único en su gestión a través de un moderno sistema informático que interconecte todos los Registros civiles'.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha insistido este miércoles que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, en que se va a 'desjudicializar' para aliviar la carga de trabajo de los juzgados, y que será gestionado por funcionarios públicos.

Gallardón ha recordado que este registro es gratuito y así lo seguirá siendo 'tanto en el acceso al mismo como para la obtención de certificaciones', y ha añadido que esta actividad no la deben hacer los jueces para intentar aliviarles de carga de trabajo.

También ha afirmado que serán funcionarios públicos quienes se ocuparán de gestionar este servicio, 'pero no de un único cuerpo porque en función de la división territorial de España habrá que buscar lo más adecuado'.