La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, la Plataforma No Somos Delito y otros colectivos sociales han presentado hoy una denuncia por la vulneración de derechos humanos en España ante la oficina de derechos humanos e instituciones democráticas de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) así como al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.
La denuncia explica la situación económica española, así como sus precedentes históricos desde la crisis económica de 2007 en Estados Unidos, y el estado del derecho a la vivienda y las libertades económicas en el país.
En el documento los firmantes señalan 'la vulneración sistemática de los derechos humanos en materia de derecho a la vivienda (Desalojos Forzosos Sin Alternativa Habitacional), y derechos y libertades democráticas (expresión, reunión, manifestación)'.
La PAH de Madrid y los otros colectivos sociales subrayan que en los casos de desahucios sin alojamiento alternativo se está violando el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así como del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De igual forma señalan que también son vulnerados los preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículos 3, 8 y 13, 'al afectar a la integridad física y moral, la intimidad familiar y la falta de recursos legales efectivos para enfrentar la situación con mínimas garantías'.
La denuncia recoge la venta de miles de viviendas públicas, 'con sus inquilinos dentro', a entidades bancarias como Goldman Sachs y Azora por parte de la Comunidad de Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha, 'abriendo la veda para un nuevo ciclo de inversión especulativa en ladrillo'.
Mientras que los desahucios se van ejecutando la situación de los menores van empeorando y la tasa de pobreza infantil aumenta. El documento entregado a la UE y a la OSCE subraya que en España hay unos 2.200.000 menores de 18 años que viven en hogares que están por debajo del umbral de pobreza. El propio comisario de derechos humanos de la Consejo de Europa, Nils Muiznieks, a quién va dirigida la denuncia, alertó en el mes de junio de 2013 sobre 'el alarmante índice de pobreza infantil y los problemas de malnutrición que se reportan en España'.
Los denunciantes critican la reforma del Código Penal por 'introducir la cadena perpetua y criminalizar la protesta social y la solidaridad'.
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