Cerca de 60 de abogados andaluces, convocados por el Grupo 17 de Marzo de juristas para la defensa de los derechos humanos, se concentraron este martes a las puertas de la Audiencia de Sevilla para exigir el acceso de los letrados a la sanidad pública.

Según uno de los afectados, Luis Ocaña, este colectivo tiene que abonar 'todos los servicios sanitarios y farmacéuticos, excepto las urgencias y los embarazos'. 'Tampoco tenemos derecho a receta médica pues no tenemos derecho a un seguro médico', aseguró Ocaña, quien sostuvo que el colectivo se ve 'obligado a recurrir a un seguro privado'.

Los manifestantes denunciaron ante la opinión pública la situación de 'discriminación' que padecen, según explicó el portavoz de la movilización, Francisco José Canela, quien señaló que 'la Seguridad Social no se financia con las cotizaciones, sino vía impuestos, principalmente el IRPF, impuestos que nosotros pagamos'.

Canela sostuvo que los letrados están 'expresamente excluidos de la posibilidad de acceso al sistema sanitario público', una situación que, a su juicio, 'resulta injusta y necesita de una reforma que signifique el acceso incondicionado del colectivo de letrados a disfrutar del sistema sanitario público que directamente financiamos pues no pueden obligarnos a pagar a aseguradoras privadas de salud, privatizando la sanidad para nuestro colectivo'.

El portavoz de los manifestantes destacó el hecho de que los abogados sean excluidos 'expresamente de la posibilidad de acceso al sistema sanitario' cuando es un derecho ya reconocido en otras comunidades, en alusión a Catalunya y Extremadura, donde ya ha sido reconocido totalmente este derecho.

Según denunció el Grupo 17 de Marzo, esta solicitud fue presentada 'hace meses y sin obtener respuesta', ante la Consejería de Salud y ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el fin de que elaboren una normativa que, atendiendo a los precedentes de la Orden de 7 de abril de 2011 por la que se regula el procedimiento de obtención de la Tarjeta Sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud, reconozca expresamente el derecho de los abogados andaluces a acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos que disfrutan del mismo.

Asimismo, los manifestantes pidieron a las juntas de gobierno de todos los colegios de abogados de Andalucía que eleven esta propuesta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Salud, por su parte, aseguró este martes que al estar colegiados 'eligen un sistema sanitario distinto, como les pasa a todos los autónomos'. Salud sostuvo que para acceder al sistema público sanitario, tendrían que darse de alta como autónomos y cotizar para la Seguridad Social'.