El anuncio de la Generalitat, que aconsejará repatriar a los sin papeles presos al superar la mitad de su condena, sin poder acceder a medidas de reinserción como la libertad provisional, es para SOS Racismo 'la materialización del racismo de Estado'.

Así lo afirmó ayer la portavoz de esta ONG en Catalunya,Jose Peñín, para quien la medida es 'discriminatoria' e 'incumple la Constitución', porque esta marca que la reinserción social del reo es uno de los objetivos de la condena. La portavoz sustentó que afirmar que el problema de la masificación en las cárceles catalanas se solucionará expulsando a los irregulares es 'ingenuo'.

SOS Racismo tacha la medida que impulsa Catalunya de 'discriminatoria'

La prohibición de medidas de reinserción preocupa a la ONG: ¿Qué pasará con los que no puedan ser repatriados por falta de convenios con sus países de origen?

En la misma línea se postula la presidenta de la Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria, Olga Hernández, quien considera que la Generalitat 'quiere ahorrar prescindiendo de derechos de los presos sin papeles', como el régimen abierto o las salidas programadas, alegando que, ya que se les va a expulsar, no es 'coherente' que se posibilite su reinserción. Hernández pone también el foco en el arraigo: 'Alguien de 20 años que vive en España desde los 13 está desarraigado en su país, no aquí'. '¿Y qué ocurre con los que han tenido hijos en España o han contraído matrimonio con un español durante la condena?', reflexiona el portavoz del Consejo General de la Abogacía Española, Javier Galparsoro, que añade que 'estamos expulsando a presos reinsertables'.

'Expulsamos a presos reinsertables', critica un portavoz de la abogacía

El letrado afirma que la expulsión mediada la condena que empezará a practicar la Genetalitat el 15 de septiembre es un 'mal menor' frente a las repatriaciones actuales que esperan a que se cumpla toda la condena. Pero Galparsoro es partidario de otra alternativa, la de no imponer las dos penas a los reclusos (cárcel y expulsión), ya que la ley establece que el juez ha de elegir entre una u otra.

La posibilidad de repatriarles antes de terminar la condena se aprobó en diciembre de 2010. Desde entonces, el artículo 89 del Código Penal permite la expulsión tras cumplir tres cuartas partes o dos terceras de la condena, 'pero no la mitad', tal y como ha ordenado la Generalitat, apunta. Galparsoro opina que, si fuese una cuestión económica, sería más barato expulsarles al principio, en lugar de meterles en prisión para repatriarlos unos años después.

El representante de la Asociación de Trabajadores e inmigrantes Marroquís de Catalunya (Atimca), Kamal Benbrahim, afirma que muchos de los presos llevan años viviendo en España y que ha sido precisamente una larga condena la que ha provocado que se caduque su permiso de residencia. 'Han cometido errores, pero son personas que ya están establecidas aquí con sus familias y no eran ilegales', subrayó.

Así, recuerda el caso de un marroquí con el que trabaja Atimca en un centro de ayuda a presos. Tras 20 años en Catalunya, no tiene más opción que marcharse a Marruecos y dejar a su mujer y sus hijos. 'Entendemos que un delincuente que nunca ha tenido permiso de residencia aquí y esté en la cárcel pueda ser repatriado, pero que se haga con los que llevan años con papeles está fuera de lugar', concluye.