La actual Ley Integral contra la Violencia de Género es positiva pero falla en su aplicación. Numerosas asociaciones de mujeres han llegado a esa conclusión, tras analizar los últimas cuatro muertes por violencia machista. Creen, además, que estos casos 'no son hechos puntuales' y que la única manera de que la justicia sea efectiva con las víctimas es 'aplicando la ley en toda su extensión', cosa que en la actualidad no sucede.

En una rueda de prensa conjunta, celebrada ayer en Madrid, las principales agrupaciones feministas condenaron los 17 asesinatos de mujeres (tres de ellos aún se están investigando) a manos de sus parejas en 2008. Exigieron un esfuerzo a toda la sociedad para 'que se denuncie y se condene públicamente' a todo maltratador. También pidieron a todas las administraciones y los poderes públicos 'que pongan su máximo empeño' para desarrollar a fondo la ley contra la violencia de género, y 'multiplicar los recursos'.

Redoblar esfuerzos

Las asociaciones de mujeres solicitan, entre otras cosas, una formación específica para los magistrados de los juzgados de mujeres; el cumplimiento íntegro de las penas; que los agresores, si es necesario, ingresen en prisión como medida de protección a la víctima; que la actual ley llegue a todo el colectivo femenino, incluidas las mujeres inmigrantes, y sensibilizar a toda la sociedad con campañas de educación y prevención. El objetivo es redoblar todos los esfuerzos posibles para conseguir la máxima efectividad de la ley, y concienciar a la sociedad.

Otra de las exigencias de las organizaciones feministas estuvo dirigida directamente al PP, a quien pidieron la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad.

Ana María Pérez del Campo, de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, fue mucho más allá, y acusó a determinados jueces de 'boicotear la aplicación de la ley' de violencia de género, con medidas como 'absolver' a los agresores' o 'retirar las custodias de los hijos a las mujeres maltratadas'.

En ese sentido, la presidenta del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, insistió ayer en que la actual normativa 'es un buen instrumento' para afrontar el problema aunque, al mismo tiempo, admitió que 'hay que preguntarse si es efectiva'.

La delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, aseguró que desde su departamento se están evaluando los actuales mecanismos de protección hacia las víctimas para 'mejorar la eficiencia de las medidas que se han adoptado'.