'Sí a una inmigración escogida, y no a una inmigración sufrida'. El lema que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, explotó en 2006 ha calado en la Unión Europea (UE), que ahora toma sus necesidades laborales como la principal referencia para regular los flujos migratorios.

La idea del contrato de integración galo obligatorio naufragó hace unos meses, pero la de diferenciar a los inmigrantes rasos de los altamente cualificados -a los que se les daría una tarjeta azul con ventajas similares a la Green card de EEUU- ha tenido una mejor aceptación. Aunque sin grandes avances, la iniciativa tomó ayer algo más de cuerpo tras el encuentro de ministros de los 27 en el Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea.

Tras más de un año de debate, el acuerdo está avanzado aunque no hay unanimidad en los requisitos para dar la vitola de altamente cualificado. Algunos países son partidarios de tomar como referencia el salario (en función de la media del país) y otros la titulación. España prefiere medir a partir de los convenios colectivos y no del salario medio, según el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

El representante español pidió que la tarjeta azul vaya acompañada de un sistema que evite la fuga de cerebros de los países en desarrollo. No detalló el sistema, pero aseguró que no es suficiente con 'devolver al país el dinero que le costó formar al profesional' porque pospondría el avance del país.

El comisario de Justicia, Seguridad y Libertades, el francés Jacques Barrot, explicó que la ‘tarjeta azul' no sustituirá a los permisos nacionales de residencia, sino que ofrecerá movilidad dentro de la UE, según informó Efe.

Otro aspecto que divide a Europa en la política común de inmigración son las sanciones e inspecciones a empresas para evitar la contratación de inmigrantes irregulares. La presidencia francesa estableció el final de 2008 como fecha límite para el acuerdo.

Un grupo de siete países encabezado por Alemania se opuso a las sanciones penales contra los empresarios que contraten trabajadores en situación irregular. Los dos puntos más polémicos fueron la imposición de medidas penales contra los casos de abuso y la inspección de al menos un 5% de las empresas cada año, lo que supone una rebaja importante respecto al 10% que propuso la Comisión Europea (CE) hace un año.
Corbacho, junto a su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, defendió 'otras formas de luchar contra la inmigración ilegal' que castiguen al que explota al trabajador.