'La legitimidad democrática de las instituciones reposa, también, sobre la transparencia'. Desde que apareció en su programa de 2004, el PSOE ha enarbolado en cada programa electoral y cada congreso federal la bandera de la transparencia. Sólo ocho meses después de su victoria en la urnas, el Ministerio de Administraciones Públicas presentó un Código del buen Gobierno. Una de las medidas estrella salía directamente del programa socialista: la publicación periódica en el BOE del patrimonio e intereses de todos los miembros del Gobierno y secretarios de Estado.

El propio Zapatero comprometió su palabra y la dirección socialista instó a poner en marcha la medida con 'cierta inmediatez'. Cuatro años despues, la norma parece encallada.

Y es que no sólo son los gobiernos municipales los que se resisten a cumplir la obligación legal de hacer públicos los bienes de sus concejales. Sólo tres grandes ayuntamientos -Gijón, Oviedo y Sevilla- lo hacen actualmente. En el caso del Gobierno central, la propuesta se plasmó en abril de 2006 en la Ley de Conflictos de intereses. Los socialistas tuvieron incluso que levantar el veto del PP y CiU en el Senado para recuperar la medida. El portavoz del PSOE la defendió como una forma de acabar con 'el pseudo amarillismo' de ciertas informaciones al respecto. Luego, el empeño se deshinchó.

Más de dos años después, la medida está bloqueada por la falta de un reglamento que la desarrolle. La ley marcaba un plazo máximo de cuatro meses, pero a estas alturas en el Ministerio de Administraciones Públicas nadie se compromete a ponerle fecha. El decreto que lo regulaba se redactó y pasó incluso el trámite del Consejo de Estado, pero no llegó nunca a aprobarse en Consejo de Ministros. Dos años no han bastado para trasladar la 'voluntad política' que, aseguran, existe, al papel. 'Es la complejidad técnica lo ha retrasado su aprobación', se escusan. ¿Será al menos durante esta legislatura? 'No lo podemos asegurar', responden.

Fuentes del entorno socialista dudan de esa voluntad. Tras la salida de Jordi Sevilla, promotor de la medida, el Ministerio, su sustituta, Elena Salgado, no parece que tenga este asunto entre sus prioridades.Pese a ello, el PSOE sigue manteniendo la misma postura. Tanto en su programa electoral de 2008 como en el reciente Congreso Federal se volvía a incidir en la transparencia como uno de los valores del partido. 'Todos los estudios recientes sobre calidad de la democracia señalan la transparencia como uno de los indicadores clave', rezaba su ponencia política.