Las familias de las víctimas de la barbarie franquista ya han visto la espalda de la justicia. Las denuncias atendidas ahora por el juez Garzón no son las primeras que pretenden investigar las desapariciones forzosas a manos de los partidarios del golpe del 17 de julio de 1936. Apenas tres años después del fin de la guerra, el Juzgado de Ferrol juzgó la muerte de cuatro miembros de una familia de As Pontes (A Coruña).

Otro ejemplo: en los años ochenta, el Ministerio de Justicia respondió al hijo de un fusilado en Guadalajara que la Ley de Amnistía ya había perdonado a los verdugos de su padre. Son dos casos que demuestran el tesón constante de los represaliados en reclamar justicia.

El crimen de cuatro miembros de una familia fue muy sonado en la comarca de As Pontes. El 22 de agosto de 1936, un grupo de falangistas irrumpió en la casa de los Ramos Ferreiro. El padre, Manuel, era el teniente alcalde y miembro del Partido Agrario. Los pistoleros trataron de acabar con toda la familia y casi lo consiguieron. Una de las hijas, que tenía entonces 31 años, huyó con un disparo en la mano.

Permaneció un mes oculta en el bosque hasta que fue rescatada por un cura de Somozas. Más tarde se reunió con su hermano mayor que también sobrevivió. El único nieto de la familia (entonces un bebé) también salvó su vida escondido en un baúl de la casa.

Finalizada la guerra, los supervivientes desafiaron al nuevo régimen denunciando a los verdugos de su familia en el juzgado de Ferrol. La causa por homicidio llegó a ser tenida en cuenta por el juez instructor, el capitán de Infantería Francisco Antolínez Merino. Y lo que es mejor, el cabecilla de los falangistas, Narciso Corral, estuvo recluido en prisión preventiva.

Pero no llegó a pasar un mes tras los barrotes, ya que alegó todos los cargos que había ocupado en Falange Española. El juez consideró justa la muerte de la familia porque se resistieron a su detención por 'desafectos al Glorioso Movimiento Nacional'.

Hay más casos. El juicio al falangista Narciso Corral, encargado de reprimir a los opositores, no ha sido anulado por la justicia actual. Numerosos familiares de víctimas han acudido a las instituciones para pedir su revisión. Es el caso de Ángel Jiménez, de 81 años.

Siendo un niño vio por última vez a su padre en la cárcel de Guadalajara. Siempre ha recordado las últimas palabras que le dijo: 'De aquí no voy a salir. Tu padre ha sido un hombre de bien. Defiende el buen nombre de la familia'. En plena democracia, Jiménez esperaba lavar el nombre de su padre, detenido en Alicante al tratar de alcanzar el exilio. Ha escrito a todos los ministros de Defensa y Justicia.

La única respuesta recibida es que la Amnistía dictada en 1977 es el borrón al pasado. Sólo quiere que alguien le dé un papel que diga que su padre era inocente.