Cualquier mujer que decida interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de los tres supuestos que marca la ley puede hacerlo sin ningún obstáculo, de principio a fin, en Andalucía. La Junta garantiza a todas las mujeres un derecho propio que muchas otras comunidades dejan, sin embargo, en manos del médico, que puede acogerse a la objeción de conciencia.

En ese caso, en Andalucía, la mujer tampoco se queda desprotegida: es el director del distrito de Atención Primaria, en última instancia, o la Unidad de Planificación Familiar los que derivan directamente a la paciente al centro que practicará el aborto.

'De lo que se trata es de que todas las mujeres puedan disfrutar de un derecho que es suyo, no del médico, y con absoluta confidencialidad siempre dentro de los límites que marca la ley', afirma un portavoz de la Consejería andaluza de Salud, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación más de su cartera de servicios.

En Andalucía, existen 16 centros autorizados, públicos y privados, donde se realizan abortos. Sólo los casos muy graves o de especial complicación se realizan en hospitales públicos. La mayoría se practica en clínicas privadas, con las que la Junta de Andalucía mantiene conciertos.

En este punto, surge una segunda diferencia con otras comunidades. Los centros privados facturan directamente el coste de la intervención entre los 350 y los 400 euros antes de las 12 semanas al Servicio Andaluz de Salud. 'En otras comunidades, como Cata-lunya, la paciente tiene que efectuar primero el pago para después serle reembolsado', explican en Salud. El problema de esta modalidad es que no todo el mundo tiene 400 euros para una prestación que, además, es pública.

El tiempo, un factor crucial en la interrupción del embarazo, es la tercera diferencia. La media de espera entre la valoración y la intervención no suele superar la semana en Andalucía, frente a los hasta dos meses de los hospitales de otras comunidades, según un informe del Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. Son, en resumen, tres formas distintas de aplicar una misma norma: la Ley del Aborto de 1985.