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El socialista Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia, ayer con el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares. - A. MARTÍNEZ

Visto lo visto, a Gaspar Llamazares sólo le cabía arrojar ayer el bote de sarcasmo a la cara del PSOE: "¡Vaya sesión tan fructífera la de hoy!". Palabras crudas para resumir seis horas de debate en el Congreso e ilustrar un dato: de las seis proposiciones no de ley que defendió Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) en la Comisión de Justicia, el PSOE tumbó cuatro, sin muchas contemplaciones y con el apoyo del PP, de CiU y de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). El PNV se ausentó durante toda la jornada.

Tres de esas mociones rechazadas alcanzaban asuntos incómodos para el Gobierno en su tensa relación con la Iglesia: la apostasía, la denuncia y revisión de los acuerdos con la Santa Sede y la reflexión sobre la eutanasia. Tres materias nucleares para IU-ICV que caben en un sólo contenedor: el avance hacia la laicidad del Estado. Un camino que el PSOE y el Ejecutivo dejaron paralizado justo el día en que aterrizaba en España el número dos de la Curia vaticana, Tarcisio Bertone, acompañado del nuevo prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Antonio Cañizares.

Los diputados del PSOE que defendieron el rechazo a las tres propuestas se parapetaron en el ahora no toca. Al final, se lo reconocieron a Llamazares: "Se han hecho avances significativos en la dirección que ustedes apuntan. Simplemente pensamos que hay que acertar en la oportunidad del cómo y del cuándo, y en eso parece que es en lo que a veces no coincidimos", le dijo la socialista Meritxell Batet al portavoz de IU cuando éste aludió al replanteamiento del Concordato con el Vaticano de 1979.

Fuera los "privilegios"

Llamazares denunció la "actitud contradictoria y contraproducente" del Gobierno, pues por un lado defendió en la pasada legislatura, "con el impulso de IU-ICV", el reconocimiento de más derechos y de una "ética civil", y en paralelo reforzó la "financiación pública" de la Iglesia. Ésta no le ha pagado con "el diálogo y la paz", sino con una "ofensiva en todos los frentes".

Es hora del fin de los "privilegios" al episcopado, insistió. "Estamos convencidos de que ésta es la iniciativa que conecta con la opinión mayoritaria de los ciudadanos, los católicos y los no católicos, que distinguen perfectamente lo que es Dios y lo que es el César".

Eugenio Nasarre, del ala católica del PP, azuzó a Llamazares por su "obsesión" con los acuerdos de 1979, que hoy son aún, subrayó, un "marco adecuado". Las aconfesionalidad del Estado no significa, incidió, "ni hostilidad ni indiferencia ante el fenómeno religioso". Nasarre mentó también la oportunidad: "¿No es más razonable que en esta hora grave de la vida nacional nos concentráramos en la crisis?".

Batet sufrió. Criticó a IU por no actualizar su moción, defendió la constitucionalidad del Concordato, citó al CIS de abril de 2008 (76,7% de católicos; no detalló que sólo el 15% se declaró practicante). "La realidad social es cambiante, pero no sustancialmente cambiante", trazó la portavoz, para argüir que, desde 1978 hasta hoy, los españoles son "mayoritariamente católicos". Batet negó otra pulla de Llamazares: "No veo ningún privilegio explícito a la Iglesia".

Los parlamentarios laicistas del PSOE salieron disgustados: "Estamos cansados del no toca. La gente no lo entiende. Prometimos avanzar en la laicidad en nuestro congreso federal y ahora nos enmendamos", afirmaba un diputado. Otro le apoyaba: "Hemos demostrado mucha tibieza".