Una joven de barrio, de 17 años, asesinada por su ex pareja, de 19, líder de una pandilla de chicos malos. La imagen rescatada del supuesto cómplice, también de 19, ayudando en la búsqueda, incluso implorando por la devolución de su amiga. Las detenciones y las confesiones. El morbo. Los menores, la televisión. El desgarro de la familia. La búsqueda en el río y en el vertedero. Los repentinos cambios de versión. Los giros del caso. Las incógnitas que aún perviven, entre ellas el paradero del cuerpo. Con todos estos ingredientes, es sencillo explicarse por qué la desaparición y muerte de Marta del Castillo, hace un año hoy, se convirtió desde el principio en un enorme foco de atención .

Y no sólo mediática. El caso Marta ha sido una máquina de abrir debates en todos los ámbitos: ético, penal, judicial, político, policial... 'No he visto otro caso con tanta repercusión', resume Isidoro Zamorano, responsable de Relaciones Institucionales de la Confederación Española de Policía. Quizás fue la policía, precisamente, la primera institución en probar el poder del caso para poner a todo el mundo en el punto de mira.

'Al final ha quedado como que cuatro críos se han reído de nosotros. Cuando hay tanta presión, cualquier duda normal en la investigación se magnifica', reflexiona con tristeza un agente.

La familia ha sostenido desde el principio que la reacción fue lenta, y ha reprochado a la policía que fuera incapaz de atar todos los cabos. El viernes, en una mesa redonda sobre el caso en Madrid, Zamorano ponía el acento en otra de las realidades en sombra iluminadas por este crimen: 'Lo que ha mostrado son las deficiencias que tenemos'.

A raíz del revuelo, el Ministerio del Interior aprobó un nuevo protocolo de actuación en caso de desaparición de menores, y habilitó un teléfono de alertas (116000).

Los medios han estado encima. Demasiado encima. El Defensor del Menor de varias autonomías y la propia fiscalía han tenido que intervenir ante la exhibición de rostros de niños en televisión. En la memoria quedan las dos entrevistas en Telecinco a una niña de 14 años, novia del principal sospechoso, destripando a cara descubierta su relación con el detenido. 'Ha sido un muy mal precedente, el peor posible', reflexionaba para Público José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, tras la emisión de las entrevistas el pasado febrero.

Los menores han estado en el ojo del huracán. Y no sólo por quienes clamaban para defenderlos. La principal demanda de los padres de Marta, expresada en innumerables entrevistas, ha sido el endurecimiento normativo, tanto de la Ley del Menor uno de los imputados tenía 15 años cuando se cometió el crimen como mediante la introducción de la cadena perpetua revisable.

Tras crímenes como este, reflexiona Beatriz de Vicente, abogada penalista y criminóloga, 'se clama por un endurecimiento de las penas'. Es casi una constante. Lo diferente es cómo reacciona cada sociedad al envite. En España, el caso ha demostrado ser inflamable al contacto con el debate político. Bien lo sabe el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que recibió críticas durante varios días por parte de la oposición. Caamaño se limitó a recordar que los acusados tienen 'derecho a mentir' durante el proceso, en referencia a que no están obligados a decir la verdad.

Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, conscientes del alcance de los hechos, se reunieron con Antonio del Castillo, padre de la chica sevillana. No obstante, ninguno de los dos políticos concretó medidas, algo que sí intentó Javier Arenas, presidente del PP andaluz, que en mayo llevó al Parlamento autonómico una moción para debatir sobre el aumento de las penas.

La viabilidad o no del uso del polígrafo reclamado por uno de los imputados, el límite en la inversión para la búsqueda de un cuerpo cuando se agotan las opciones razonables de encontrarlo o hasta la delimitación del tipo de violencia Igualdad lo considera un crimen de género, en contra del criterio de juez y fiscal son otras de las controversias que han envuelto el caso, en manos del juez de instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina.

Las redes sociales también han desempeñado un papel de enorme relevancia, tanto en la movilización como en la propia investigación. 'Han sido de gran ayuda para los investigadores para ver las conexiones emocionales que había entre los implicados', señala Pedro Sánchez, fundador del proyecto Tecnotribu.