Desde Petrarca: 'Un bello morir honra toda una vida' a Silvio Rodríguez: 'Al final de este viaje, en la vida quedará nuestro rastro'. Los políticos recurrieron ayer a las citas para concluir lo mismo: todo el mundo tiene derecho a una muerte digna. Y en Andalucía, la primera autonomía que regula los derechos de los pacientes en el proceso final de su vida, ya es un hecho.

El Parlamento aprobó ayer el proyecto de Ley de Muerte Digna con los votos a favor del PSOE e IU. El PP, que no se atrevió a despejar del todo su ambigüedad, respaldó también el texto en su mayoría, pero rechazó tres artículos de los 33 incluidos en la norma por no ajustarse a las exigencias del partido: regulación de la objeción de conciencia reclamada por la Iglesia y una composición diferente de los comités de ética.

La nueva ley, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta, será de obligado cumplimiento en todos los centros, incluidos los religiosos, y amparará casos como el de Inmaculada Echevarría, una mujer con distrofia muscular que tuvo que ser trasladada de un centro privado a uno público para ser desenchufada de un respirador. Este caso, junto a la persecución por la Comunidad de Madrid de los médicos del Hospital de Leganés, fueron los que llevaron a la consejera de Salud, la socialista María Jesús Montero, a impulsar la ley. Ayer, el nombre de Inmaculada resonó con fuerza en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento andaluz.

Con la nueva norma, sustentada en el Estatuto aprobado por PSOE, PP e IU los pacientes en situación terminal podrán exigir la interrupción o el rechazo de un tratamiento, aunque ponga en peligro su vida. Cualquier intervención requerirá el consentimiento libre y voluntario del paciente, una vez que haya recibido toda la información.

Además de afianzar el testamento vital, los médicos deberán limitar el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje, para evitar la obstinación insistir en un tratamiento que no beneficia y causa dolor. Además, los cuidados paliativos podrán aplicarse en el hospital, con habitación individual, o en casa. La ley, que deja fuera la eutanasia y el suicidio asistido, tipificados como delitos, ofrece también a los profesionales todas las garantías.

'Es una ley vanguardista, valiente y sensible', dijo la diputada socialista Rosa Ríos, en consonancia con la línea mantenida durante la tramitación. 'Es un paso importante para desarrollar el artículo 20 del Estatuto que tanto nos costó incorporar, pero ahora hay que cumplirla', exigió José Manuel Mariscal, de IU, que insistió en la necesidad de abrir el debate para regular la eutanasia, también en consonancia con su discurso. Sólo el PP, enredado entre su cara más moderna y la más conservadora lo que le llevó a pedir la votación de artículos por separado cayó en contradicciones.

Ya existen otras leyes que garantizan esos derechos, resumió la diputada del PP Ana Corredera. 'Pero con esta ley hemos querido ir más allá', dijo luego. Obvió, además, que con esas garantías ocurrieron los casos de Echevarría y el de Leganés. Alabó la norma en su conjunto, pero exigió la objeción de conciencia, innecesaria si lo que regula son buenas prácticas. Reclamó financiación para dotar de habitaciones individuales todos los centros, pero quiso salvar de esta exigencia a los privados. Y recordó que el PP aprobó el Estatuto, pero olvidó que su partido recurrió un artículo similar en el de Catalunya.

En el saludo no se contradijo. Tuvo que ir la consejera a darle la mano hasta su escaño. Nada que ver con Mariscal, que cruzó el salón y dio un par de besos a Montero.