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La acusación compara a Garzón con un "Gran Hermano" que hizo algo "monstruoso"

Ignacio Peláez, el abogado que presentó la querella, asegura que cree vivir "en un Estado policial". La Fiscalía pide la absolución del juez.

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El juicio contra Baltasar Garzón se cierra este jueves. En esta tercera y última jornada las partes dan lectura a sus informes de conclusiones. Tras este trámite, Garzón podrá hace uso del turno de última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.

Las tres acusaciones personadas en la causa elevaron ayer a definitivas sus escritos provisionales, en los que atribuyen a Garzón delitos de prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales por ordenar las escuchas de las conversaciones entre los abogados y los imputados por el caso Gürtel. Los abogados de la acusación piden entre diez y dieciesiete años de inhabilitación para Garzón.

La Fiscalía, por su parte, pidió la absolución del juez.  El representante del Ministerio Público, el fiscal Antolín Herrero, aseguró que la medida adoptada por Garzón fue 'ajustada al fin buscado en la investigación' ya que se trataba de un 'caso extraordinario'.

Herrero, en el informe de conclusiones presentado por la Fiscalía, afirmó además que el juez no vulneró el derecho de defensa al intervenir las comunicaciones en la cárcel porque 'no ha habido indefensión material'. 'Lamento que tengan dudas sobre el estado de derecho en nuestro país', dijo dirigiéndose a las acusaciones.

La otra representante del Ministerio Público en el juicio, la fiscal Pilar Fernández Valcárcel, señaló que existen otras investigaciones judiciales que no eran casos de terrorismo y en las que se autorizó la intervención de las comunicaciones entre presos y sus abogados. Fernández Valcárcel citó en este sentido los casos de Marta del Castillo y del narcotraficante Pablo Vioque, en los que se autorizaron el mismo tipo de escuchas que han llevado ahora a Garzón al banquillo de los acusados.

Antes los abogados de la acusación habían sacado la artilleria pesada en sus conclusiones. Acusaron al juez de hacer algo 'monstruoso' y de ser 'una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha'.

El primero en disparar fue el abogado que presentó la querella, Ignacio Peláez. El abogado del empresario José Luis Ulibarri, quiso dejar claro que él presentó la querella como perjudicado del pinchazo de las comunicaciones que mantuvo en la cárcel de Soto del Real con el jefe de la trama Francisco Correa y su lugarteniente Pablo Crespo. 'La querella no la pone mi representado, no la pone el Partido Popular. Este letrado no defiende a ningún miembro del PP en el proceso Gürtel', afirmó.

Aseguró que no busca una condena 'represiva y ejemplar' de Garzón, sino la definición de unos límites que demuestren que 'el fin no justifica los medios' y, en consecuencia, que los letrados puedan hablar 'libremente en prisión hasta con el más repudiable de sus clientes'.  'Me siento completamente vigilado. Creo que estoy en un Estado policial y me niego a vivir en un país en esta situación', concluyó.

El abogado de Francisco Correa, José Luis Choclán, aumentó el fuego graneado: acusó al juez Baltasar Garzón de 'invocar la razón de Estado' y defender que los 'medios se subordinan a un fin' para justificar las escuchas. 'Eso es la antítesis del Estado de Derecho, en el que el fin debe subordinarse a unos medios perfectamente constitucionalizados', dijo Choclán.

'La finalidad de la medida era investigar, obtener datos de utilidad para la causa a través de la confesión que el interno pudiera hacer a su abogado defensor sobre la base de esa relación confidencial', dijo Choclán antes de citar a Voltaire para sostener que 'la razón de Estado es la excusa de los tiranos'. 'Si se hubiera obtenido algun dato relevante para la investigación se habría utilizado', añadió.

El letrado, que ha empleado unos 30 minutos para exponer su informe, consideró 'monstruoso' que el juez Garzón se atribuyera la 'función ilegal y no constitucionalizada' de proteger el derecho de defensa de los abogados y que quien decidiera qué conversaciones que debían ser expurgadas fuera la fiscal anticorrupción Myriam Segura.

'El juez se atribuyó una función constitucional que no tiene, no puede ser que quien ejerce el poder sea quien determine el ejercicio de sus límites', concluyó Choclán.

En este punto, recalcó que el instructor del caso Gürtel autorizó las escuchas de todos los abogados sin distinción, que se convirtieron así en 'sujetos pasivos de la investigación'. Por eso, se preguntó qué habría ocurrido si alguno de los letrados 'no se hubiera portado bien'.

El abogado Pablo Rodríguez-Mourullo, que representa al imputado en Gürtel Pablo Crespo, comparó al juez suspendido con 'una suerte de Gran Hermano' que todo lo escuchó durante la etapa en la que instruyó esta causa en la Audiencia Nacional.