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Administración Pública El gobierno repartirá este trimestre 12.151 millones del fondo de rescate autonómico

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha ratificado el compromiso del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica en "el menor plazo". 

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. / EFE

El Gobierno repartirá en el primer trimestre de este año 12.151,8 millones a las comunidades autónomas través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA, una especie de fondo de rescate para las autonomías con dificultades financieras) y de Facilidad Financiera, de los cuales 3.477 serán para Cataluña, otros 2.512,3 para Andalucía y 2.307,1 para la Comunidad Valenciana. 

El dato lo ha aportado esta tarde ante la Comisión de Hacienda del Congreso el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que ha comparecido para hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica. 

Cataluña será la que más use estos mecanismos extraordinarios, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana, las tres a través del FLA, mientras que Galicia y Castilla y León recibirán 690,5 millones y 618,3 millones, respectivamente, mediante el Fondo de Facilidad Financiera.

Según ha dicho, entre 2012 y 2017 se han facilitado a las administraciones territoriales, sobre todo a las comunidades, ayuda financiera por importe de 251.000 millones, de los cuales casi 95.000 han servido pagar facturas a los proveedores. 

Reformar la financiación

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha recalcado el compromiso de gobierno por reconfigurar el sistema de financiación autonómica "en el plazo más breve que sea posible" y ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios. 

Montoro ha insistido en transmitir "toda la voluntad" por parte del Ejecutivo en conseguir una reforma que dote a las comunidades de un modelo estable, fundamentado en la solidaridad, la suficiencia, la equidad, la transparencia, la corresponsabilidad fiscal y la garantía de acceso a los servicios públicos en función del coste efectivo de ellos.