El portavoz de la agrupación de demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo, Luis Vericat, ha señalado que el abandono de las torres de control por parte de cerca de una veintena de controladores, que provocó el cierre del espacio aéreo los pasados 3 y 4 de diciembre , 'no es algo que sale gratis'.

Ha sido en las dependencias judiciales de Plaza de Castilla (Madrid), donde esta mañana han declarado 2 de los 16 controladores imputados en el caso. Estaba previsto que declarasen 4, pero 2 de ellos han alegado causas médicas. En declaraciones a los medios, Vericat ha señalado que se reclama una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero, como se ha hecho constar en la demanda presentada por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 10.000 afectados.

'Pedimos una indemnización de 10.000 euros por afectado, cantidad que responde de manera justa y razonable a los daños y perjuicios que la gente sufrió esos días', ha señalado Vericat, quien descarta que hoy se inicie el procedimiento penal contra los imputados porque el proceso comenzó en diciembre en las ciudades de Madrid, Barcelona, Canarias y Mallorca.

Mañana martes 19, está citado a declarar el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela. El sindicato representa a más del 90% del colectivo y Cela es el único miembro de la cúpula imputado en la causa, aunque en calidad de controlador aéreo por abandonar su puesto en la torre de control el día que comenzó la huelga encubierta. 'Será muy interesante escuchar su declaración para clarificar qué pasó aquellos días', ha apuntado Vericat.

Los primeros controladores aéreos en declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por la huelga han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo al darse de baja médica por razones 'psico-físicas' provocadas por el estrés de la situación laboral que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno y han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que perjudicó a más de 600.000 personas en toda España.

A la convocatoria de la magistrada sólo han comparecido Ignacio B.D y Adolfina C. V. En total, deberán prestar declaración en los próximos meses dieciséis controladores por delitos de sedición y abandono de sus puestos de trabajo.

El delito de sedición aérea, recogido en la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea de 1964, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, está castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo.

El primero en desfilar por el Juzgado ha sido Ignacio B.D., cuya declaración se ha prolongado por cerca de tres horas y en la que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, según fuentes jurídicas. El controlador ha negado que estuvieran organizados, tal y como sostienen las acusaciones que se apoyan en la reunión que se produjo en un hotel de Torrejón de Ardoz.

Por otro lado, Adolfina C. V. ha indicado que se dio de baja por la tensión que le había creado un incidente debido a un amago de accidente entre un helicóptero y un avión. Además, ha negado que participara en la reunión en Torrejón de Ardoz. Su abogado, Carlos Vila, ha reconocido que el estrés que tenía también se debía a la tensión que vivía el colectivo por la situación con el Ejecutivo central. 'Aquí se ha abierto una causa general inquisitorial contra un colectivo', ha recalcado el letrado, quien ha señalado que se debería individualizar cada caso.