Cuando el Gobierno adoptó el estado de alarma, el pasado 4 de diciembre, fuimos muchos los que lo comprendimos, apoyamos y consideramos como una medida acertada a las circunstancias y, sobre todo, en función del desafío que un grupo de controladores aéreos estaba realizando no sólo al Gobierno sino a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, cuando se prorroga el mismo, muchos de los que apoyamos la medida, nos cuestionamos seriamente que sea acertada tal decisión que, ahora, no cuenta con el sustento de la excepcionalidad.

La actuación de unos privilegiados, los controladores aéreos, mereció y merece una respuesta legal perfectamente encajable en el derecho penal pero, quien entonces estuvo lleno de razones, ahora está perdiendo legitimidad al ampliar un estado, el de alarma, que como excepcional sólo puede ser prorrogado ante una situación excepcional que hoy no parece darse y, en todo caso, de ser necesario, podría adoptarse con la misma agilidad que en su día fue implementado.

Debe retornarse a la normalidad y aplicar la ley a los infractores

No se puede sobreutilizar un instrumento previsto en el texto constitucional cuando las razones para su adopción han desaparecido. Ahora, el estado de alarma se sustentaría en una potencial situación, aún no surgida, y eso resta cualquier sustento constitucional para su adopción.

Los estados excepcionales previstos en la Constitución, son eso, medidas a aplicar ante situaciones concretas y momentos específicos pero jamás como método preventivo de lucha contra posibles sucesos que, sin duda y por mucho que se les tema, aún no han surgido.

Los problemas que surgen cuando se abusa de estos instrumentos son variados pero, entre los más destacables estarían la deslegitimación de su necesidad y, sobre todo, la tentación de hacer uso de los mismos ante otros conflictos, meramente laborales, que conllevarían el adentrarnos por caminos que nos alejarían de los parámetros democráticos.

Los estados excepcionales no deben usarse como método preventivo

El Gobierno actuó bien, demostró control, capacidad de solucionar los conflictos, empatía con el ciudadano y mano dura ante los privilegios desmedidos de un sector caracterizado por el egoísmo y la más absoluta desconsideración hacia el resto de ciudadanos, capaz de llegar hasta el delito con tal de conseguir sus fines. Ahora debe retornarse al estado de normalidad, aplicar la ley a los infractores y demostrar que las medidas adoptadas fueron acertadas y no parte de un plan para restringir derechos y libertades que, en un estado de alarma, se ven restringidos.