La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE irregulares, tendrá que devolver a la Junta de Andalucía las 480 actas de los Consejos de Gobierno que permanecen custodiadas en los juzgados de Sevilla a la espera de resolverse el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta en el Supremo, quien determinará si la jueza tiene derecho o no a verlas.

En un auto fechado hoy, la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto la medida cautelar adoptada por Alaya, que insinuó que las actas podrían alterarse o manipularse si permanecían en la Junta, porque se basa en una 'mera hipótesis' sin detallar ni razonar en qué argumentos fácticos se apoya tal desconfianza, como corresponde en una resolución de ese calado. 'Más si cabe si con ella se plantea la posibilidad de una actuación ilegal por parte de uno de los poderes del Estado', añade el auto de la sección séptima.

La Junta no sabe aún cuándo volverán a San Telmo los papeles 

Tanto la Fiscalía como la Junta habían recurrido la decisión de la jueza Alaya por considerar que la medida ni era necesaria ni proporcional al fin perseguido. Y la Audiencia les da la razón. El auto sostiene que cuando se recibe el oficio de inhibición, en este caso para que sea el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el que valore si la jueza tiene derecho a ver las actas, el juzgado debe suspender el procedimiento hasta que se resuelva el asunto. Y sólo podrá adoptar medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables. Ninguno de estos supuestos, sostiene la Audiencia, concurren para que la jueza haya pedido custodiar las actas.

El Gobierno andaluz, en un acto recogido por númerosas cámaras y fotógrafos, entregó al juzgado todas las actas de sus reuniones en diez años el pasado 7 de abril. Desde entonces, los documentos permanecen custodiados día y noche en un armario acorazado con vigilancia personal y cámaras. Fuentes del Gobierno aseguraron a Público que aún no sabían cuándo se produciría la escena contraria: el cajón acorazado con las 480 actas entrando en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta.

Será el Supremo quien determine si la jueza tiene derecho a verlas

El auto de la Audiencia Provincial supone un respiro para el Gobierno andaluz, a quien la jueza ha reprochado en reiteradas ocasiones falta de colaboración, pero nada más. La Audiencia, de hecho, ya desestimó el pasado 20 de junio un recurso que presentó la Junta con el que pretendía anular la petición de las actas.

En ese auto, la Audiencia consideró que estas no son secretas y avaló, además, que Alaya investigue una posible prevaricación de varios exconsejeros, consejeros y el propio presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al 'autorizar', presuntamente, el reparto de fondos para expedientes de regulación de empleo con un procedimiento irregular. La Audiencia sostuvo que aunque los razonamientos jurídicos de Alaya no eran 'muy explícitos', las razones para solicitar las actas no fueron ni 'arbitrarias ni caprichosas'.