Hace diez años que los 'hilillos de plastilina', en palabras del entonces ministro y vicepresidente Mariano Rajoy, que escupía el Prestige tiñeron de negro la costa gallega y alcanzaron el litoral francés. Una década es también el tiempo que la Justicia ha precisado para sentar en el banquillo a los cuatro acusados por la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido este país . El inicio este martes del macrojuicio por el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas ha reabierto las heridas a los afectados, que critican que 'pocas cosas han cambiado en todo este tiempo'.

'A estas alturas nadie espera nada del juicio', espeta a bocajarro Félix Porto, alcalde de Muxía (A Coruña), localidad que se convirtió en zona cero de la catástrofe. 'Queda dirimir la cuestión económica y depurar responsabilidades penales, pero diez años es demasiado tiempo'.

Las promesas políticas hechas entonces en caliente, casi al mismo ritmo al que se derramaba el fuel, 'han quedado en humo', según el regidor. El gobierno presidido entonces por José María Aznar (PP) dotó de 12.000 millones el llamado Plan Galicia, ideado para reactivar la economía de la zona afectada y dotarla de nuevas infraestructuras. A día de hoy, lo único cierto es que 'la autovía está sin hacer' y que las obras del Parador comprometido 'empezaron en agosto', aclara Porto. De aquella crisis solo hay un rastro positivo: El recuerdo que dejaron tras de sí los miles de voluntarios que acudieron a salvar la costa. 'El agradecimiento es infinito y los recordamos con mucho cariño'.

'A estas alturas nadie espera nada del juicio', espeta a bocajarro Félix Porto, alcalde de Muxía

Entre aquellos voluntarios se encontraba Albert S., de Terrassa (Barcelona). Movido por 'la impotencia, el clima político que se vivió después del naufragio' y al ver 'las imágenes del desastre y la manipulación mediática', en enero de 2003, pidió cinco días de vacaciones en el trabajo y se subió a uno de los autobuses fletados por la Generalitat de Catalunya y que tenían como destino Galicia. 'Pasé dos días de viaje y tres recogiendo fuel'. A través del correo electrónico rememora que, dos meses después del hundimiento, en Muxía 'el olor a fuel todavía provocaba mareos'. Sin embargo, piensa con satisfacción que 'aportó un grano de arena', aunque en algunos momentos percibió que los voluntarios 'no eran valorados'.

El alcalde de Muxía sí aprecia todavía hoy aquella ayuda. Del mismo modo que hace hincapié en que, pese a lo vivido, 'la voluntad de los políticos sigue imponiéndose frente al criterio de los técnicos, que son los que saben valorar de verdad los riesgos'. En ese aspecto, coincide con la plataforma Nunca Máis, que movilizó a la sociedad gallega tras el desastre, y que está personada como acusación popular en el juicio. 'No estamos a salvo de que una tragedia similar se repita si, cuando ocurre una catástrofe, las decisiones vitales las toman los políticos', critican.

El colectivo mantiene la esperanza pese a todo de que 'las malas actuaciones de los gobernantes no queden impunes'. 'No están todos los que son, qué duda cabe', apuntan no obstante.

Entre los acusados en este proceso, que se alargará hasta al menos mayo de 2013, se encuentra el capital del barco, el griego Apostolos Mangouras; Ireneo Maloto, primer oficial filipino (en paradero desconocido) y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas. Todos ellos acusados de atentar contra el medio ambiente, de daños y desobediencia. También se sentarán en el banquillo el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, dependiente del Ministerio de Fomento, en manos en aquel entonces de Francisco Álvarez-Cascos. La reclamación por daños y perjuicios por responsabilidad civil supera los 1.223 millones.

Nunca Máis reprocha la 'actitud oscurantista' que ha rodeado al naufragio. 'No se ha hecho un estudio riguroso ni ambiental ni sanitario sobre las consecuencias del vertido. De ese modo es muy difícil hacer estimaciones sobre cómo se ha visto afectada realmente la zona ya que los datos económicos están adulterados por las importaciones'.

Manuel Cao, presidente de la cofradía de A Coruña, tampoco no lo duda: 'Deben depurarse responsabilidades'. 'Si bebo y atropello a alguien tengo que cumplir una condena, lo mismo si hago un vertido al mar. Tras una catástrofe de esta magnitud, no es posible que salgan indemnes los responsables porque eso haría perder la fe en la Justicia. Esperemos que no se tome al capitán Mangouras como cabeza de turco'.