Amaiur quiere que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, detalle el próximo miércoles en el Congreso su plan para favorecer la consolidación de la paz y la normalización política en Euskadi tras el 'cese definitivo de la actividad armada', anunciado por ETA el pasado 20 de octubre.

La coalición, integrada por la izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba, ha registrado una pregunta en la Cámara Baja para sondear la postura del Gobierno tras el debate suscitado el miércoles por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al declarar que la gestión del final de ETA tiene una 'dimensión política'. El ministro no tardó ni 24 horas en matizar esa apreciación con la intención de dejar claro que el Ejecutivo no ha variado ni un ápice su estrategia política, pero sus palabras aún eran ayer objeto de comentarios entre los partidos.

La coalición abertzale trata de forzar al Gobierno a dar pasos

Amaiur no espera que con su iniciativa el Gobierno dé la sorpresa en el Congreso con una detallada hoja de ruta para consolidar la paz. Ni siquiera confía demasiado en un pequeño gesto, cuando la polémica suscitada por el ministro del Interior aún está caliente. Su iniciativa encaja en la estrategia fijada por la coalición abertzale, que se ha fijado para esta legislatura, como una carrera de fondo, el reto de forzar al Gobierno a moverse tras el cese de ETA. En esta fase, los dos elementos claves son la legalización de Sortu y el fin de la política penitenciaria.

'¿Cuál va a ser la aportación de su Gobierno para la resolución definitiva e integral del conflicto político vasco?', le pregunta Amaiur en su iniciativa, la primera que dirige además expresamente al presidente del Gobierno. No obstante, Rajoy decidirá si la responde directamente o la delega en alguno de sus ministros, sea la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el titular de Interior. Más allá de quién tome la palabra, Amaiur desea reivindicar que el Gobierno debe dar una respuesta acorde al escenario abierto tras el cese de la violencia de ETA. 'El trabajo de diferentes agentes sociales y políticos durante los últimos años ha generado un escenario de esperanza e ilusión (...). Tras décadas de confrontación y sufrimiento, la sociedad vasca se encuentra ante una oportunidad histórica y deseada para sentar definitivamente las bases de la verdadera pacificación y normalización', recuerda Amaiur en su iniciativa.

Resulta improbable que, por ahora, el Gobierno se sienta concernido por los emplazamientos de la coalición abertzale. Otra cuestión ya es el efecto que puedan despertar en el Ejecutivo los continuos y voluntariosos emplazamientos del PNV. Ayer, su presidente, Iñigo Urkullu, volvió a tender la mano a Rajoy para avanzar hacia la consolidación de la paz y la normalización política. El líder del PNV está convencido de que, como la izquierda abertzale, el PP necesita también 'tiempo' para su 'gestión interna', pero piensa prestar especial atención a lo que ocurra este fin de semana, en el Congreso de los conservadores, con la esperanza de que 'salga un compromiso del PP de mirar al futuro' en pacificación.

El PNV pide reducir el despliegue de las Fuerzas de Seguridad

Entre tanto, el partido nacionalista tramitó ayer otra iniciativa en el Congreso al hilo del fin de la violencia de ETA. El propósito del grupo jeltzale es que, en este nuevo tiempo, el Gobierno reduzca el número de efectivos de la Policía y la Guardia Civil en Euskadi, en cumplimiento además del Estatuto de Gernika, informa Europa Press.

Esta petición, que ya reivindicó Urkullu el mismo día de su reelección como presidente del PNV, en enero, está sustentada en que las Fuerzas de Seguridad del Estado cuentan con 4.000 efectivos en el País Vasco. Se trata de una cifra ya 'excesiva' para el PNV, habida cuenta de que hasta ahora se había justificado por 'la necesidad de combatir el terrorismo'.

Aralar también movió pieza para afrontar el nuevo escenario tras el fin de la violencia de ETA. Su coordinador general, Patxi Zabaleta, presentó su propuesta de crear, en Pamplona, una mesa de fuerzas políticas y sociales de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés cuyo primer objetivo sería 'la consolidación de la paz y la normalización política' sin 'exclusiones políticas ni territoriales, y sin liderazgos políticos', como pide el PP vasco.

Zabaleta justificó su preferencia por Pamplona como sede por 'la relevancia emblemática de Navarra en el ámbito europeo e internacional'. Aralar es contrario a que el Parlamento vasco acoja una mesa de partidos porque dejaría fuera a agentes políticos y sociales.

Según Zabaleta, el 'segundo objetivo' de este foro sería mantener una 'relación conjunta y sin exclusiones con todos los organismos de intermediación y comprobación del desarme de ETA', dada 'la dificultad de que este objetivo sea llevado a cabo por los gobiernos o las instituciones'. El tercer reto sería ya la superación de 'las consecuencias de la violencia, tanto en el aspecto de todas las víctimas de todas las violencias, como en lo que afecta a los presos'.