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Amianto, un compañero de trabajo letal

Con efectos brutales para los trabajadores y el entorno, España prohibió su manejo hace diez años, pero sindicatos y asociaciones advierten de que las peores consecuencias están por llegar

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Está en los tejados, en las paredes, en las tuberías que conducen agua o gas, en barcos, trenes y en automóviles; también en los conductos que refrigeran fábricas, almacenes u hospitales. La lista es casi interminable, porque el amianto, un mineral de fácil manejo y transformación, ha sido un material omnipresente en sectores de tanto peso como la construcción, la industria naval o la petroquímica.

No obstante, sus consecuencias sobre la salud de los trabajadores que han estado en contacto con él, e incluso sobre la de sus familiares, son devastadoras. En 2001, España prohibió su extracción y manejo, pero los sindicatos advierten de que los peores efectos sobre los trabajadores y su entorno están por llegar. Un estudio de la Comisión Europea señala que de aquí a 2025 medio millón de personas morirán en la UE a causa del amianto. De ellos, entre 40.000 y 56.000 personas lo harán en España.

Entre 40.000 y 56.000 personas morirán en España hasta 2025

'Aquí, el uso del amianto llegó algo más tarde y, por tanto, su prohibición también. No tenemos la seguridad del volumen de población trabajadora y del entorno que puede estar afectada', señala el secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro Linares. Efectivamente, no hay cifras oficiales de cuántas personas estuvieron expuestas ni de cuántas han estado o están enfermas.

El contacto con este mineral está relacionado con diferentes tipos de cánceres, especialmente de pulmón y pleura, así como con otras enfermedades respiratorias. En todos los casos, su aparición se produce al menos 20 años después de la exposición al amianto. 'Lo trágico está por venir', asegura el presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Madrid (Avida), Juan Carlos Paúl.

A pesar de que los efectos perversos de su uso se conocen desde principios del siglo pasado, miles de empresas siguieron empleándolo, en la mayoría de los casos sin advertir ni informar a los trabajadores, para los que no establecían unas mínimas normas de seguridad. La extrema maleabilidad del amianto facilita que, una vez manipulado, se divida en fibras imperceptibles que se acumulaban, por ejemplo, en la ropa que los empleados llevaban luego a sus casas o en su pelo. Por eso, esposas o hijos son afectados indirectos.

'El miedo es qué va a pasar dentro de unos años, cuando pasen los 20 años del periodo de latencia desde que se prohibió su uso. Prevemos que saldrán a la luz muchos casos de trabajadores afectados. Va a ser una epidemia', señala la secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino.

Actualmente, existe un protocolo de vigilancia de la salud para trabajadores afectados por el amianto en el que están inscritas unas 30.000 personas, una cifra que sindicatos y afectados consideran que está muy por debajo de la realidad. Desde CCOO, critican que el sistema de vigilancia de la salud tiene un desarrollo muy desigual dependiendo de las comunidades autónomas. Además, este protocolo sólo incluye a los trabajadores, pero no a los familiares, aunque en algunos puntos especialmente castigados por el amianto los médicos procuran controlar a los allegados.

Las asociaciones piden un fondo de compensación para las víctimas

Rufino asegura que hay una infradeclaración de las patologías relacionadas con el amianto. 'Muchas de ellas pasan como enfermedades comunes, cuando deberían ser profesionales, lo que supone un perjuicio para el trabajador', explica la responsable de UGT. Por ejemplo, si una enfermedad es considerada profesional, el tratamiento es totalmente gratuito y las prestaciones, como las pensiones, son más cuantiosas.

'La causa y efecto está reconocida por la comunidad científica', insisten los afectados. Los sindicatos están de acuerdo y opinan que el tribunal médico debería unificar criterios. 'Es también un problema económico. Si se prevé que el número de trabajadores afectados crezca, el coste a la Seguridad Social por enfermedades profesionales también crecería', apunta la secretaria de salud laboral de UGT.

Una de las reivindicaciones de las asociaciones de afectados es la elaboración de un censo de enfermos e, incluso, de víctimas potenciales para mantener su estado de salud bajo vigilancia y disponer así de números más cercanos a la realidad. 'Los archivos de Sanidad y Trabajo deberían coordinarse para poder hacer una base de datos de potenciales enfermos y mejorar el control', incide el presidente de la asociación de víctimas de Madrid.

En los últimos años, los colectivos de afectados han interpuesto denuncias contra algunas empresas para buscar una compensación al daño causado. El problema es que les corresponde a ellos demostrar el uso de amianto por parte de compañías que, en muchos casos y después de años, ya no existen. 'La vía judicial es muy complicada y no hay jurisprudencia unificada', subraya Marisa Rufino. Tras el diagnóstico de la enfermedad o la declaración de incapacidad, los afectados tienen un año para interponer las denuncias. Después de ese periodo, la Justicia considera los casos prescritos. 'Los afectados empiezan los procesos, pero a veces son las familias quienes los acaban porque han muerto', señala Juan Carlos Paúl.

Asociaciones y sindicatos reclaman la formación de un Fondo de Compensación para las víctimas 'para que no tengamos que acudir a los juzgados para reclamar algo que nos corresponde. La gente se está muriendo, había gente que sabía lo que pasaba y que no hizo nada para remediarlo, esas personas deberían sentarse ante la Justicia', precisa Ramón Tojeiro, presidente de la Asociación Gallega de Víctimas del Amianto. En algunos países europeos ya existen estos fondos. En Francia, el Estado lo financia en colaboración con empresas que usaron el mineral.

Aún quedan toneladas de amianto instaladas por toda España. Su desmantelamiento tiene que ser autorizado por la autoridad laboral y llevado a cabo por empresas especializadas que estén registradas como tal. Sin embargo, el proceso es caro y retrasa las obras, por lo que no siempre se lleva a cabo. El secretario de la Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos (ADRP), José Blanco, explica que es imprescindible realizar un proceso de identificación e investigación para saber qué tipo de amianto hay instalado y en qué cantidad. 'El amianto que seguirá causando estragos será el que no se identifique', destaca Blanco, que denuncia que cada día tienen lugar obras y demoliciones en las que se hace desaparecer el amianto de forma irregular, con el consecuente perjuicio para los trabajadores y para la entorno. Los residuos no se depositan en vertederos adecuados.

Algunos afectados han denunciado a las empresas que lo usaban

Por ese motivo, asociaciones y sindicatos proponen crear un mapa del amianto instalado. 'Hace poco paramos el derrumbe de un edificio en el que había amianto y que se estaba haciendo sin ningún tipo de seguridad al lado de una guardería', pone como ejemplo el presidente de Avida. El secretario de salud laboral de CCOO señala que los ayuntamientos podrían elaborar ese censo. Para el secretario de la ADRP, sin embargo, un mapa del amianto 'es casi imposible, puede estar en cualquier parte, es una tarea titánica'. Blanco propone que para pedir licencias de obra o urbanización haya que presentar un proceso de identificación del amianto elaborado por una entidad independiente, como sucede en Francia.

La industria del amianto sigue amasando millones de euros. Su prohibición no es generalizada, por lo que el problema se ha transferido a los países pobres, como India, Bangladesh o Brasil, que producen amianto para consumo propio o para exportar a países como Canadá, cuyo doble rasero les ha llevado a prohibir el manejo en su país (y proteger así a sus trabajadores) pero no la importación (es decir, lo emplean una vez que el material se ha manipulado y tiene su forma final). Además, la industria está detrás de un poderoso lobby que busca abrir de nuevo el debate sobre el uso del amianto en la UE. Su argumento es que algunos tipos de este mineral pueden manejarse con seguridad para los trabajadores, algo que sindicatos y asociaciones rechazan rotundamente.