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Amnistía Internacional critica la iniciativa

Los expertos en integración advierten de que estas prohibiciones conllevan brotes de xenofobia entre la población nativa

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El municipio balear de Sa Pobla fue el último en regular el uso del burka en España. Este pueblo gobernado por el PP obtuvo el pasado 5 de septiembre el apoyo de los independentistas para prohibir el velo integral musulmán en los lugares públicos, incluidas las calles y las plazas.

El origen de estas regulaciones está en Lleida. El municipio catalán fue el primero en regular el uso de la vestimenta. Desde el 9 de diciembre del pasado año, las mujeres musulmanas que lleven en los edificios públicos de esta localidad una prenda que dificulte su identificación pueden ser multadas por la Policía Local. Esta norma fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que desestimó el recurso.

'Existe una confrontación de derechos. Las mujeres, siempre que se den circunstancias de libertad de elección del uso de la prenda, tienen libertad de expresión', advierte Amnistía Internacional.

'Las mujeres, siempre que se den circunstancias de libertad de elección del uso de la prenda, tienen libertad de expresión'

Esta organización de derechos humanos ha combatido las normativas en este sentido aprobadas en un inicio en Catalunya. 'En el caso de que hubiera problemas para la identificación de la persona a la hora de renovar un pasaporte o en un aeropuerto, se debe analizar caso por caso, pero nunca a través de una norma general', añaden.

La decisión tomada en Lleida se extendió a una quincena de municipios de Catalunya y también a otras autonomías. El Ayuntamiento de Galapagar, en Madrid, fue el primero fuera de Catalunya en regular el uso del velo. 'Por tratarse de una discriminación que no está amparada por la libertad religiosa al ser contraria a la dignidad de las personas y a la dignidad real y efectiva de los hombres y mujeres', señaló la orden municipal aprobada por un alcalde del PP.

Los expertos en integración advierten de que estas prohibiciones conllevan brotes de xenofobia entre la población nativa. Las normas aprobadas en este sentido en Francia por el Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy han sido muy discutidas por las asociaciones de derechos civiles. El hecho de que la prohibición se vincule a la laicidad del Estado generó en el país galo contradicciones con otras vestimentas católicas o judías que no fueron prohibidas.