La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía, que se ponga una fianza a los implicados en el escándalo una treintena y, en su caso, se les embargue para asegurar que devuelven lo percibido indebidamente. El fiscal no incluye cantidades en su escrito, pero, como mínimo, la cifra superaría los 25 millones de euros, entre el fraude de la inclusión de falsos prejubilados de al menos nueve millones y las ayudas concedidas presuntamente de manera ilegal a ayuntamientos gobernados por el PSOE, empresas, fundaciones y asociaciones más de 16 millones con el fondo destinado a ayudas a empresas en crisis, dotado desde 2001 con 647 millones y cuyo sistema de reparto también investiga el juzgado al considerarloilegal, al menos desde 2003.

En su escrito, fechado el 25 de octubre pasado, el fiscal apoya además de la investigación sobre los falsos prejubilados, las pesquisas de Alaya sobre las ayudas a ayuntamientos, la mayoría de las cuales fueron concedidas por José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y ahora secretario general del PSOE de Sevilla y número dos, por detrás de Alfonso Guerra, en la lista del PSOE al Congreso. Viera se ha defendido públicamente hasta ahora escudándose en que 'jamás' firmó resolución ni concesión alguna que no estuviera avalada por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. Viera, al contrario que su sucesor en el cargo, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, no está imputado en la causa. Está aforado al ser senador y diputado autonómico.

Ayudas sin control

El fiscal afirma que, 'de forma indiciaria', estas ayudas 'concedidas por la Dirección General de Trabajo en la que estaba el imputado Javier Guerrero a través del Instituto de Fomento de Andalucía controlado por Viera no reúnen ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino de una subvención dada con fondos públicos'. Anticorrupción añade que es 'necesario averiguar, caso por caso, las razones últi-mas de los abonos, la real existencia del fin público o no de la ayuda dada y el destinofinal del dinero entregado'.

Anticorrupción concluye que, pese a hallarse aún 'en una fase embrionaria en la investigación', 'es indudable la existencia de un perjuicio manifiesto y grave en los fondos públicos de la Junta de Andalucía, ante la cuantía tanto de los pagos efectuados como de los ya comprometidos'. El fiscal reclama a la Junta, 'con la finalidad de poder determinar con precisión el importe del quebranto', que le informe de lo que está haciendo para recuperar los fondos presuntamente malversados.