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ANV niega "efectos prácticos" a la orden de disolver sus grupos

En la mayoría de ayuntamientos no existían desde que el partido fue ilegalizado

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La formación ilegalizada ANV trató este viernes de quitar hierro al auto del Tribunal Supremo en el que se exige la disoluciones de todos los grupos municipales que el partido mantenía hasta el momento. A juicio de su representante y alcalde de Elorrio, Niko Moreno, la decisión de los magistrados supone 'una vuelta de tuerca más a la ilegalización, cerrar el círculo por parte del Estado'.

Sin embargo, mantiene Moreno, fuera de la lectura política apenas tendrá 'efectos prácticos'. Según el dirigente abertzale, la mayoría de los grupos de ANV se disolvieron después de que el Constitucional avalase la ilegalización del partido, el pasado mes de enero. Y, por tanto, ya no perciben 'cantidad alguna' de dinero en ese concepto.

Parecidos argumentos esgrimió el PNV. Su portavoz adjunto en el Congreso, Aitor Esteban, tachó de 'ridícula' la orden de que se lleven a cabo disoluciones que ya habían sido acordadas con anterioridad. Esteban recalcó además, en relación a las Juntas de Álava, que la capacidad de organización de un parlamento no puede 'ser intervenida por el Poder Judicial'. 'El Supremo se empecina en cambiar los manuales de derecho constitucional que se han enseñado desde la Transición', concluyó.

Aunque reconoció la escasez de efectos prácticos, el lehendakari, Patxi López, trató de destacar el valor 'simbólico' del auto. La decisión avanza, en su opinión, 'en la dirección de evitar que el mundo que da amparo y cobertura a la violencia tenga espacios de impunidad'.

Desde el PSE, su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, insistió en que la orden del Supremo debería animar 'a algunos partidos que siguen sin dar el paso de presentar mociones de censura en aquellos ayuntamientos gobernados antes por ANV y ahora por representantes del grupo mixto'.

El PP quiso llegar algo más lejos y volvió a solicitar al Gobierno que ordene la disolución de todos los ayuntamientos gobernados por la formación ilegalizada. A juicio del portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, 'hace falta coherencia política, que el Gobierno de la nación tome decisiones para disolver las corporaciones'.

El grueso de las críticas llegó, como es obvio, desde las fuerzas nacionalistas. Ezker Batua recordó que sigue considerando a la Ley de Partidos 'una vulneración del derecho a la libertad ideológica' y, por tanto, 'respeta, pero no comparte' la sentencia. También NaBai cargo contra una ley que 'no es una herramienta válida en el camino de la paz'.

Aralar, por su parte, tachó la decisión como propia de una democracia 'poco madura'. Quizá la más dura fue EA. Su secretario general, Pello Urizar, aseguró que el auto 'da alas' a quienes justifican la violencia al bloquear todas las 'vías democráticas' de defendersus ideas.